El paradigma de la red se difunde en el mundo empresarial en el momento en que las transformaciones que se producen en el escenario económico evidencian la obsolescencia del llamado modelo "fordista" de organización empresarial propio de la Sociedad Industrial. La gran empresa estructurada según los principios de integración vertical y la división social y técnica institucionalizada resultaba eficaz en un mercado en el que la demanda era predecible y homogénea. Pero en el momento en que las nuevas condiciones de la economía hace que la demanda se vuelva impredecible en cantidad y calidad, la principal virtud de la empresa fordista, su eficacia para la producción en serie, pasa a convertirse en su principal defecto al revelarse excesivamente costoso y rígido para las nuevas condiciones de funcionamiento del mercado. Ante la constancia de la erosión en sus márgenes de beneficios que esta situación genera, los empresarios empiezan a impulsar cambios con los que acomodar sus empresas a las nuevas circunstancias. El sistema de producción en serie es progresivamente sustituido por un sistema de producción flexible, fundamentado en la conversión de las empresas en redes configuradas por múltiples componentes autónomos que se relacionan con la entidad matriz a través de vínculos horizontales. Lo que no acontece sin la resistencia de gran parte de los mandos intermedios y trabajadores que tienen grandes dificultades para adaptarse a la nueva organización y perciben en los cambios el origen de inciertas perspectivas para su posición al interior de las empresas. La principal virtud del nuevo modelo es que permite una sensible mejora de la competitividad al, entre otros, ejercer un eficaz control sobre el sistema de suministros, permitir establecer controles de "calidad total", hacer posible un mayor grado de integración de todas las partes de la empresa en su gerencia,... La inercia de los cambios al interior de las empresas en su configuración como redes lleva a su entrelazamiento con otras "Empresa-Red". Las PYMES se agrupan en redes multidireccionales y multifuncionales aprovechando la que es su principal virtud frente a las grandes empresas, su gran sensibilidad y adaptabilidad a las variaciones del mercado. Las grandes empresas también han empezado a vincularse bajo nuevos parámetros en lo que se identifica como Alianzas Estratégicas. A diferencia de lo que eran los antiguos esquemas de fusión de las empresas, como los cárteles y otros acuerdos oligopólicos, estas alianzas comprometen exclusivamente en la consecución de unos objetivos específicos, no involucrando la competencia en otros ámbitos.

La Empresa-Red, tal y como hoy la conocemos, es el resultado de la convergencia de los cambios organizacionales descritos y la asimilación del internet y el resto de las tecnologías digitales. Las limitaciones espaciales y temporales han sido bruscamente alteradas, permitiendo que las distancias que separan los distintos componentes de las empresas empiezan a ser una preocupación marginal al no arriesgar su unicidad operativa o el aumento de costos de transacción. Pero más relevante aún es que las empresas que funcionan con y a través de internet han sido las que han dado forma a la llamada Nueva Economía. Cabe recordar que a pesar del énfasis que parece querer darse al comercio electrónico (B2C), casi el 80% de las transacciones comerciales que actualmente se producen en la red corresponden a intercambios entre empresas (B2B).

Todavía se carece de un amplio consenso alrededor del término gobernabilidad dada la proliferación de usos y abusos que ha traido consigo su alta acepción ideológica. Por este motivo, resulta oportuno partir dotarnos de un instrumento conceptual sobre el que basar nuestra argumentación. Un instrumento conceptual que toma forma desde la teoría sobre la sociedad civil de Víctor Pérez – Díaz. Nuestro concepto es un tipo ideal, en el sentido weberiano, y relativamente complejo que nos permite integrar a los distintos componentes institucionales que toman parte en los procesos de gobernabilidad de las sociedades, proceder a explorar las relaciones que mantienen entre ellos y explicar los supuestos y las condiciones bajo las cuáles es probable que se aproxime al tipo ideal, o se aleje de él.

El Estado, el primer componente de este orden socio-político, es concebido como un ente artificial surgido a partir del acto voluntarista de los miembros de una determinada sociedad, los cuáles aceptan imponerse límites a su libertad particular en aras de alcanzar un beneficio común. Un beneficio que viene dado por la posibilidad de dotarse de la capacidad para preservar los órdenes de coordinación espontánea que formados a partir de la acción e interacción de numerosos agentes se dan en una variedad de dominios de acción. En otras palabras, el Estado garantizará el sometimiento de los agentes que toman parte en los distintos órdenes al estado de derecho o conjunto de reglas de convivencia de carácter abstracto y universal, que se aplican a todos, independientemente de su condición particular. Pero además de preservar, el Estado también tiene como fin fomentar los órdenes de coordinación espontánea de la sociedad para asegurar la dimensión positiva de la libertad de los individuos o igualdad en cuanto a oportunidades sociales. Esta condición híbrida y compleja del Estado, en tanto que garante y a la vez promotor de los órdenes de coordinación de la sociedad, nos lleva a considerarlo, tal y como argumenta Oakeshott, como un ente con un carácter híbrido y complejo al aglutinar dos caracteres ideales primarios: una asociación con el carácter de "asociación civil" y una asociación con el carácter de "asociación como empresa". Una asociación civil es una asociación sin propósito propio y cuya razón de ser es el aseguramiento de reglas que cada cuál está obligado a respetar mientras persigue sus propios fines. Una asociación como empresa, por el contrario, tiene objetivos propios y requiere que sus miembros contribuyan a alcanzarlos.

Al contrastar nuestro tipo ideal con la evidencia histórica, resulta ostensible que las distorsiones han sido mucho más frecuentes que su contrario. Unas distorsiones cuyo origen puede encontrarse en los problemas para acomodar a los dos caracteres ideales identificados por Oakeshott en el Estado moderno. Ya durante el siglo XIX, las formas políticas y sociales de los países europeos sólo se correspondían de una forma muy modesta a nuestro tipo ideal. Los Estados, en los que predominaban los rasgos autocráticos propios del Antiguo Régimen, iban de la mano de configuraciones afines en los órdenes de coordinación tales como el desarrollo insuficiente de los mercados abiertos, el carácter oligárquico-clientelístico de sus asociaciones y una esfera pública dominada por sistemas credenciales dogmáticos. Rasgos todos ellos que se presentan de una forma mucho más acentuada en las sociedades del centro y el sur de Europa. Por su parte, la gobernabilidad de las sociedades latinoamericanas presenta patologías particulares debido a la convergencia del legado de la institucionalidad colonial y el impacto de las guerras de independencia.

A partir del segundo tercio del siglo XX se data la expansión y consolidación de un nuevo modelo de gobernabilidad que se caracteriza por otorgar un claro sesgo hacia la concepción del Estado como "asociación empresa". Entre sus diferentes versiones, la más avanzada es aquella en el que la gobernabilidad se articular alrededor del llamado "Estado de Bienestar" y que se da en aquellos países que tras la 2º Guerra Mundial combinan economías de mercado y regímenes políticos basados en la democracia pluralista. De hecho, la plena vertebración del "Estado de Bienestar" sólo puede considerarse en relación a la pretensión de garantizar la acumulación capitalista con el intento de mantener la paz social a partir de la concreción de un conjunto de derechos sociales. Con este fin, el Estado pasa a tener un papel preponderante en la organización de los mercados, mediante políticas de corte keynesiano, y en la organización socio-política, pasando a incorporar de forma selectiva a los entes de representación de la ciudadanía a la estructura decisional estatal. Ambos procesos se complementan con el papel protagónico que ejerce el Estado en la esfera pública en base al control que tiene sobre los medios de comunicación de masas. El nuevo rol interventor que asume el Estado también trae consigo cambios al interior de su estructura. En todos las sociedades, incluso en aquellos con regímenes parlamentarios, el poder ejecutivo se fortalece en detrimento, principalmente, del legislativo y, en general, del resto de poderes del Estado. El fortalecimiento del órgano ejecutivo va acompañado de la expansión de su aparato burocrático amparado en una concepción de la supremacía de la racionalidad técnica sobre la racionalidad política. La construcción y expansión del Estado de Bienestar no fue ajeno a la existencia de un soporte comunitario relativamente homogéneo en el que los elementos identitarios nacionales se entrelazaban con la propia legitimación del Estado y un orden internacional en el que el clima bélico generado por la Guerra Fría estimulaba la dimensión del Estado como "asociación como empresa".

Durante este período, la gobernabilidad de las sociedades latinoamericanas se organiza en torno a lo que Cavarozzi llama "matriz estadocéntrica". Se trataba de un modelo en el que la dimensión del Estado como "asociación empresa" en sus relaciones con los distintos órdenes sociales era mucho más acentuado que en el "Estado de Bienestar" amparado en su supuesta capacidad para cumplir el fin teleológico de conducir a las sociedades hacia el desarrollo y la modernidad.

El "Estado de Bienestar" y su versión en América Latina, el "Estado Desarrollista", contó durante varias décadas con amplios apoyos procedentes de todos los espectros políticos por la capacidad que demostraba para promover el desarrollo económico, así como la estabilidad política y social. De hecho, las primeras críticas que recibió por parte de Friederich von Hayek tuvieron una difusión muy marginal y no pasaron de ser considerados como argumentos muy excéntricos. Pero todo empezó a cambiar súbitamente a principios de los setenta cuando a ojos de la ciudadanía el Estado apareció desbordado para dar respuesta a los cambios económicos, políticos y sociales que se estaban produciendo. En los mercados, la decisión estadounidense de no mantener la convertibilidad de su moneda en oro y, principalmente, la crisis energética de 1973 provocaron serias turbulencias que terminaron manifestándose en el crecimiento simultáneo del paro y la inflación. Asimismo, esta situación radicalmente nueva, la "stagflation", desarmaba la teoría económica keynesiana como marco desde el que ofrecer una respuesta a la crisis. En esos años también empiezan a ganar protagonismo toda una serie de grupos y movimientos sociales que se sitúan al margen de los partidos políticos y entidades de representación vinculadas al Estado. Su maximalismo en las demandas y el radicalismo en la acción política, que en algunos casos incluyen formulas más o menos intensas de terrorismo, provocan el quiebre de la paz social. En el ámbito de la esfera pública, tal y como puso de manifiesto Ronald Inglehart, los valores que emanaban del "Estado de Bienestar", tales como la apreciación del crecimiento económico o la legitimidad del dominio racional-legal, se debilitan. Asimismo, aparece una actitud cada vez más escéptica de la ciudadanía hacia el discurso nacionalista del Estado-nación como resultado del creciente multiculturalismo de las comunidades, la expansión de los vínculos transnacionales y el cuestionamiento al ordenamiento internacional regido por la lógica de la "Guerra Fría". Más allá de las transformaciones que se producen en los distintos órdenes sociales, el desbordamiento del "Estado de Bienestar" también viene provocado por la atrofia que se produce al interior de su propia estructura. En particular, vamos a destacar tres procesos. En primer lugar, el advenimiento de una coyuntura económica recesiva minó la racionalidad política de la clase gobernante. La inercia generada por la expansión del gasto público puso en una difícil encrucijada a los gobiernos cuando los márgenes para utilizar éste como instrumento electoral se fue estrechando y no se habían previsto fórmulas alternativas. En segundo lugar, la lógica expansiva en que entro el aparato burocrático hizo cada vez más frecuentes las luchas intestinas entre las diferentes agencias haciendo que cada vez fuera más difícil alcanzar los fines fijados en la agenda política. En tercer lugar, la combinación entre el aumento exponencial de los recursos del Estado, el ostracismo que favorecía el paradigma elitista y tecnicista en la gestión pública y una creciente demanda de información sobre el funcionamiento del Estado alentada por la expansión de los medios de comunicación de masas creo un escenario propicio para que se desataran casos de corrupción que minó la legitimidad del modelo.

En este contexto no tardaron en ganar fuerza las corrientes críticas al Estado de Bienestar. Desde las filas del neomarxismo, los argumentos se dirigieron a explicar la crisis del modelo no como resultado de las transformaciones que se dan en los distintos órdenes sociales, sino a la incapacidad del Estado para seguir conteniendo la disfuncionalidad inherente al propio sistema capitalista. En este sentido, uno de sus principales exponentes, Clauss Offe, acuña el término de crisis de la "gestión de la legitimidad". Mucho mayor impacto tienen por los autores que se agrupan dentro de la llamada "Nueva Derecha" y en las corrientes neoliberales. Entre los primeros, autores como Daniel Bell o Samuel Huntington consideran que la crisis es atribuible al efecto perniciosos que el intervencionismo estatal había tenido en los mecanismos de coordinación espontánea basados en entidades como la familia o la comunidad. Entre los segundos, autores como Becker, Buchanan o Brittan retoman los argumentos de Hayek para sustentar que el Estado de Bienestar se contradice con las libertades económicas y libertades políticas que dan verdadero sustento a la democracia liberal. Por este motivo, su propuesta normativa contiene un claro sesgo hacia el Estado en tanto que "asociación civil" privilegiando los mecanismos de coordinación espontánea del mercado, sociedad civil y esfera pública en la gobernabilidad de las sociedades. Pero en los hechos, tal y como pone de manifiesto Norbert Lechner, la praxis del modelo neoliberal estuvo ligada a la existencia de un Estado con una fuerte capacidad de intervención política. Es el caso de Chile bajo Pinochet o Perú bajo Fujimori. Pero también del Reino Unido bajo Margaret Thatcher o de los Estados Unidos bajo Ronald Reagan donde para alcanzar el logro del "Estado mínimo" se extremo las competencias políticas y represivas del Estado para vencer las resistencias. Un claro ejemplo de ello fue la estrategia seguido para el desmantelamiento del poder sindical. En los mismos años en que se aplicaba el modelo neoliberal en el mundo anglosajón y en América Latina, en los países de la Europa continental, mayoritariamente dominados por gobiernos socialdemócratas, las estrategias estaban enfocadas no a desarticular, sino a revitalizar el "Estado de Bienestar". Son los años de los acuerdos tripartitos entre gobierno, empresarios y trabajadores o pactos neocorporatistas, de la descentralización territorial administrativa y/o política basada en las regiones y de un renovado impulso al proceso de integración europea. En suma, todos ellos procesos que privilegian una racionalidad política basada en la transferencia implicaban de responsabilidades desde los poderes centrales del Estado hacia fuera con el objetivo de restituir la legitimidad erosionada.

El recetario de medidas de corte neoliberal y socialdemócrata no tardaron en rebelarse como soluciones parciales con las que no era posible revertir la grave crisis de gobernabilidad que padecían las sociedades. Las insuficiencias y contradicciones de las propuestas, así como la aceleración de las transformación en los distintos órdenes sociales, suscito toda una variedad de contratendencias que alejaron la posibilidad de lograr el objetivo pretendido. Los logros de la estrategia neoliberal en el saneamiento macroeconómico, en potenciar la autonomía de la sociedad civil liberándola de gran parte de los mecanismos de injerencia del Estado se contraponen a sus efectos en términos de cohesión social, dualización de los mercados con relación a la accesibilidad a bienes públicos, la marginación de amplios segmentos sociales de la representatividad política y social o la monopolización de la esfera pública por grandes grupos privados de comunicación. Asimismo, los éxitos iniciales que cosecharon las propuestas socialdemócratas al reconstituir las redes de legitimidad que daban sustento al "Estado de Bienestar" no tardaron en revelarse como pasajeros cuando la presión de los nuevos requerimientos en el manejo económico hizo cada vez más exiguas y, por tanto, más excluyentes los intercambios de rentas por apoyos. A todo ello cabe sumar un elemento que cada vez toma más relevancia en la gobernabilidad de las sociedades y en su momento no fue tomado en cuenta ni por neoliberales, ni por socialdemócratas. Me refiero a las implicaciones que tiene en el proceso de construcción de las identidades de individuos y colectivos la acelerada complejización y diferenciación del soporte comunitario de las sociedades. La ausencia en las sociedades de instituciones capaces de procesar comportamientos inducidos por una pluralidad cada vez mayor de roles y atributos en las identidades es origen permanente de tensiones que agravan los problemas de gobernabilidad. Una clara constatación de ello son los problemas existente alrededor del crecimiento de los flujos migratorios en todos los países de la Unión Europea.

Apenas iniciado un nuevo milenio, aparecen patentes nuevas tendencias en la gobernabilidad de las sociedades. Por un lado, la manifiesta refutabilidad de las soluciones ensayadas hasta el momento ha llevado a que los gobernantes recurran al sincretismo en la formulación de sus propuestas y, por tanto, prescindiendo de optar por una orientación clara sobre la conducción de las sociedades. Por otro lado, y como resultado de ello, los gobernados se muestran cada vez más escépticos sobre las posibilidades del Estado para asegurar sus libertades y bienestar y optan por aumentar su nivel de autogobierno. Lo que lleva a que la gobernabilidad de las sociedades aparezca cada vez menos dependiente del peso inercial o automatismo de sus instituciones y cada vez más de la actitud de sus componentes individuales o colectivos. En cierta medida, este escenario nos retrotrae al punto de partida del imaginario contractualista en el que la ausencia de un órgano de coordinación central, el Estado, convertía a "lo social" y "lo político" en una unidad irrefutable. Las sociedades aparecen hoy en día como una geometría variable de múltiples centros de poder que funcionan dentro de los distintos órdenes sociales con gran dinamismo. Unos centros que toman la forma de estructuras formadas a partir de las relaciones que establecen entre sí un conjunto variable de actores que se perciben entre sí como mutuamente dependientes, las redes políticas. Muchas de estas redes políticas aparecen como subsistemas funcionales relativamente cerrados con amplios niveles de autogobierno. Pero ya sea por la inercia propia de la racionalidad de las redes en que la competencia por la posición lleva a la reproducción y expansión de la estructura, ya sea como consecuencia del acto voluntarista de los actores dominantes de una determinada red, lo cierto es que las distintas redes políticas tienden a superponerse y a entrelazarse entre sí definiendo un nuevo tipo de institucionalidad que enmarca la gobernabilidad de la sociedad. Al interior de las redes, la interacción entre los distintos actores responde a ciertas reglas mínimas, como la distribucción justa de costos y beneficios entre los participantes; la reciprocidad basada en la confianza, la autolimitación de cada actor y el respeto a los intereses legítimos de los otros actores.

Para finalizar, quisiera destacar la relevancia que dentro del nuevo modelo de gobernabilidad de las sociedades adquiere entre los distintos órdenes sociales la esfera pública. El aumento de mayores cotas de autogobierno por parte de los distintos actores individuales y colectivos de la sociedad y, por tanto, la disminución de los mecanismos de coerción estatal para condicionar sus comportamientos hace imprescindible que éstos presenten determinadas disposiciones cognitivas y morales que hagan plausible la búsqueda de intereses particulares a partir del respeto a la libertad de los demás, así como la cooperación para la consecución de intereses comunes. Unas disposiciones cognitivas y morales que sólo podrán ser asimiladas en a través de un debate continuo entre los múltiples actores de la sociedad que se da en la esfera pública y en la que se contraponen y se llegan acuerdos los diversos intereses y las lecturas diferentes del bien público. Una "conversación cívica", tal y como Víctor Pérez-Díaz la denomina, que parte de una pluralidad de intereses y de ideas y creencias, no como un hecho a tolerar, sino como un hecho deseable.

Este acelerado proceso de incorporación y asimilación del internet nos ha privado, hasta el momento, de contar con una definición sobre Gobernabilidad Digital exclusiva y exhaustiva que cuente con un amplio consenso. Las diferentes variantes, se encuentra hacia un extrema una definición minimalista que entiende Gobernabilidad Digital como la aplicación del internet y las tecnologías digitales con el objetivo de optimizar las acciones de aquellos actores públicos y privados que participan en la determinación y asignación de bienes públicos. Al otro extremo se encuentra una definición maximalista en el que Gobernabilidad Digital no pasa solamente por una optimización de los procesos existentes, sino por una reconfiguración de la forma en que es concebida, organizada y ejecutada a partir del uso de internet y las tecnologías digitales. Nuestro enfoque se encuentra mucho más cercana a este enfoque.

Nadie pareciera querer quedar fuera del consenso general que pareciera extender entre el "establishment" político sobre los beneficios de avanzar hacia la plena incorporación de las tecnologías digitales a la gobernabilidad de los países, las regiones, los municipios o las esferas de las políticas públicas. En las agendas de todos los políticos, por encima de diferencias ideológicas o de las diversas de las realidades socio-económicas sobre las que se gobierna o trata de gobernar, el desarrollo de internet ha pasado a ocupar un lugar prioritario junto a los temas tradicionales de la política contingente. Ante la opinión pública, los líderes políticos aparecen encarnados como verdaderos "misioneros tecnológicos" que pretenden pasar a la historia por haber incorporado a sus sociedades a las ventajas de la era digital. Todo ello responde, como resulta evidente, a la nueva racionalidad política basada en los amplios beneficios y escasos costos electorales que en la actualidad tiene cualquier iniciativa alrededor tecnologías digitales en un electorado ampliamente concienciado sobre la conveniencia de la difusión de las mismas. Este estímulo electoral debe ser considerado como positivo para los fines del desarrollo del Gobierno Digital. El problema viene dado por el amplio desconocimiento que por parte de los políticos, y también de muchos de sus asesores más cercanos, sobre el internet y todas sus posibilidades como herramiento de gobierno. Esta situación, como posteriormente se atenderá, pervierte ya desde su fase constitutiva las sendas por las que se produce el desarrollo del Gobierno Digital. Además, las estrategia electoralista de la mayoría de políticos respecto a internet entra dentro de una lógica cortoplacista. Lo que significa que sus estrategias no van más allá de hacer que sus gobiernos tengan una presencia en la red.

El tema de la racionalidad electoral se entrelaza con el segundo elemento a considerar, las diferencias en la institucionalidad política. Nadie puede sorprender al observar como los datos muestran que es en aquellos países donde cuentan con regímenes democráticos más consolidados donde la implantación y desarrollo de la Gobernabilidad Digital ha tomado más fuerza. Difícilmente va a fomentarse la mejora en los flujos de información que vinculan al Estado con sus interlocutores en aquellos países cuya institucionalidad obstaculiza parcial o completamente el libre acceso o uso de la información. Existen también otros rasgos institucionales de los regímenes políticos que deben ser tomados en cuenta para explicar la implantación de la Gobernabilidad Digital. El parlamentarismo, el federalismo, los sistemas multipartidistas o el reconocimiento del cabildeo como práctica legítima y, en general, todos aquellos aspectos que fomentan la fragmentación del poder político entre múltiples instancias favorecen el desarrollo de la Gobernabilidad Digital. Y esto, principalmente, por dos motivos. El internet se descubre como una herramienta excepcional para fortalecer las relaciones de poder que existen en aquellos Estados en el que éste se encuentra fragmentado. Asimismo, la existencia de múltiples centros de poder crea un escenario más propicio para la competencia entre unos y otros por avanzar lo más rapidamente posible en los proceso de Gobernabilidad Digital.

Entre estos tres modelos, se ha dado un clara tendencia por parte de los gobiernos centrales por privilegiar el que hemos reconocido como "modelo gerencial". Una opción que puede explicarse porque desde un principio la incorporación y asimilación de internet a las funciones de gobierno fueron entendidas como un elemento más del proceso de Reforma del Estado inspirado por la New Public Management (NPM). Esta corriente del estudio de la administración pública que se desprende de los tradicionales enfoques burocráticos y postula una mejora en la condición del Estado como prestador de servicios a partir de la emulación de los procesos de gestión privada. Entre sus autores más reconocidos se encuentra David Obsborne y Ted Gaebler. Su libro "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is transforming the public sector" fue el principal inspirador de las reformas llevadas a cabo durante la administración Clinton-Gore en los Estados Unidos y cuyo documento marco fue el National Perfomance Review(1993). Un documento en donde el papel de internet en la mejora de la gestión pública todavía ocupa una atención marginal, lo que no puede extrañar dado los bajos niveles de difusión en la sociedad en esa época. No ocurre lo mismo con su sucesor, el National Partnership for Reinventing Government’s Access America(1997), en el que internet y las tecnologías digitales son parte esencial de todas las propuestas recogidas en el documento. Se apuesta a las posibilidades que ofrece el internet para optimizar mejorar la calidad, gama y accesibilidad de los servicios prestados por el Estado a sus "clientes" y reducir los costos operativos. Los países de la Unión Europea, los cuáles se incorporan de una forma más tardía a la gobernabilidad digital, siguen durante una primera etapa el modelo gerencial definido por los estadounidenses. Una situación resulta claramente reflejada en la forma en que la administración laborista de Tony Blair abordó el proceso de incorporación del internet a funciones de gobierno. En el primer documento que aborda el tema del internet, Government Direct (1996), se refiere como las principales contribuciones del mismo "to provide better and more efficient services to business and to citizens; improve the efficiency and openness of government administration, and secure substantial cost saving for taxpayer". En América Latina, la tendencia por enfatizar el "modelo gerencial" ha sido mucho más ostensible. El internet ha sido un complemento, principalmente, al intento de racionalizar los costos del Estado del proceso de reformas estructurales de mercado.

Otro de los factores que dan cuenta de la primacía del modelo gerencial viene dado porque los primeras presiones para que el Estado incorpora y asimilirá el internet a funciones de gobierno procedieron de la comunidad empresarial. Entre los distintos interlocutores del Estado, los empresarios fueron desde un principio los que mostraban unos niveles mayores y más avanzados del uso de internet en su desempeño. Habiendo tomado conciencia de los beneficios de su uso, los empresarios empezaron a reclamar al Estado que aprovechará las ventajas que ofrecía internet para mejorar la eficiencia y abaratar los costos en sus relaciones y transacciones con ellos. Los segmentos sociales en los que también hubo una rápida difusión del internet, como fueron los jóvenes o profesionales liberales, no tenían tanto estímulos para presionar al Estado porque sus relaciones son más ocasionales y menos intensas.

Finalmente, detrás de la opción del "modelo gerencial" primaba una racionalidad política. Para los gobernantes y políticos adoptar este modelo aparecía como una "win-win situation". El enfoque vertical y unidireccional que prima en la forma que tiene el Estado de relacionarse con sus interlocutores le permite "vender" la imagen que más le convenga como eficaz gestor de los recursos públicos sin tener que exponerse a la vulnerabilidad que supondría aceptar, con mayor o menor grado de desarrollo, mecanismos de doble dirección. Por otro lado, entre el "establisment" político existe un temor compartido a que utilizar el internet para incrementar las oportunidades de los actores de la sociedad civil y los ciudadanos de participación lleve a una sobrecarga de demandas que conduzcan a la ingobernabilidad. En esta misma línea, cabe constatar como las dirigencias partidistas también entendieron el internet como un mecanismo no que favoreciera la interacción con sus potenciales electores y, sino también como una vía unidireccional que les permitiera optimizar sus posibilidades de hacer proselitismo.

Durante los últimos años se ha producido algunos cambios significativos en la orientación que ha tomado el desarrollo de la Gobernabilidad Digital. Si bien el que hemos reconocido como ‘modelo gerencial" sigue siendo dominante, lo cierto es que se ha producido significativo avances orientados hacia la implmentación del "modelo consultivo". Un avance que se encuentra ligada al descubrimientos por parte de las autoridades públicas y sus interlocutores del valor instrumental del internet y las tecnologías digitales tanto para incrementar la transparencia en las labores de gobierno, como para aumentar la participación ciudadana.

Uno de los factores que dan cuenta de este proceso es el impulso que en este período ha tenido el proceso de incorporación y asimilación del internet a los gobiernos locales y a los parlamentos. Ambas instancias del estado que dada su naturaleza y sus funciones han otorgado una significativa importancia al tema de la participación ciudadana. Los gobiernos locales, aún priorizando lo que sería el modelo gerencial, han incorporado en mayor o menor medida mecanismos en la red que permitan la interacción con la ciudadanía. A las formas más simples de interacción vía correo electrónico se han añadido otras como la consulta electrónica sobre ciertas materias o a los chats abiertos con las autoridades. En el caso de los parlamentos, la razón de ser de la incorporación de los parlamentos a la red ha sido incrementar las posibilidades para que los ciudadanos participen en el proceso de producción legislativa. Así, por ejemplo, se han habilitado mecanismos para que los ciudadanos tomen parte en la formulación de proyectos de ley o para que manifiesten su opinión sobre las leyes que van a ser discutidas.

A tenor de los documentos más recientes, los gobiernos centrales parecen no haber quedado al márgen de este proceso al reconocer que las potencialidades de internet no se agotan en el "modelo gerencial" y que es necesario explorar nuevas aplicaciones. Un reconocimiento que se encuentra, por ejemplo, expresado en el documento e-Europe: An information society for all de la Comisión Europea o Modernising Government del gobierno laborista de Tony Blair. Desde este enfoque, las principales los principales aspectos desarrollados por los gobiernos ha sido el relacionado con la transparencia. Tomése, por ejemplo, el caso del servicio puesto en la red por la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) del gobierno mexicano que permite a los ciudadanos tener conocimiento sobre el manejo de los recursos públicos y denunciar aquellos funcionarios corruptos. En la misma línea se encuentra las disposiciones relativas al tema de la corrupción que forman parte del "Plan Colombiemos" del gobierno de Colombia.

Otro de los factores que han catalizado la nueva orientación hacia el "modelo consultivo" viene dada por la masificación del uso de internet. En la medida en que son cada vez más los actores capaces de relacionarse con el Estado via internet, las presiones para que éste incorpore las tecnologías digitales a su funcionamiento son de procedencia variada y de distinta naturaleza. Las demandas ya no sólo se oriental al tema de la eficiencia, como ocurría cuando eran dominadas por la comunidad empresarial, sino también por la transparencia y la participación. A ello también ha contribuido el impulso que durante este período se ha dado en la incorporación y asimilación del internet por parte de partidos políticos, grupos de interés y otro tipo de actores que toman parte en el proceso político.