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Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 1 Número 1, 2001

Modernización neoliberal y organizaciones del Tercer Sector en Chile Ponencia presentada en The Four International conference de The International Society for Third Sector, Dublin, julio del 2000

María Inés Arribas
Jefa de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Jorge Vergara Estévez
Editor de Polis , profesor de la Universidad Bolivariana, y de la Universidad de Chile.

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Introduccion

Este ensayo se ha elaborado a partir del supuesto teórico y metodológico de que una vía fructífera para comprender mejor la situación de las organizaciones del Tercer Sector en Chile, sus problemáticas y el sentido que asume su acción, consistiría en estudiarlas en y desde los procesos de modernización societal. Este texto tiene seis partes.

En la primera, se ofrece una presentación sobre la modernización neoliberal en Chile, y se señalan sus principales logros. En la segunda, se explicitan sus aspectos y efectos negativos en lo socioeconómico, cultural, psicosocial y en el deterioro de la sociabilidad. En la tercera, se ofrece una visión de conjunto de las organizaciones del Tercer Sector en Chile. En la cuarta parte, se exponen algunos proyectos y expectativas sobre el desarrollo de este sector que han sido propuestas por el Pnud, otros organismos internacionales, el gobierno, y algunos partidos políticos.

En la quinta se presentan los resultados de un estudio exploratorio sobre tres pequeñas organizaciones del Tercer Sector, dos urbanas y una rural. Dicho estudio se realizó desde la hipótesis de que una parte de las organizaciones del Tercer Sector, las que tiene mayores mayores grados de autonomía respecto del Estado y del mercado, y se basan en identidades culturales de sus miembros, introducen valores y conductas

innovadoras respecto a las que predominan en la sociedad chilena. Estas son: confianza, solidaridad, participación en la toma de decisiones, acción de acuerdo a intereses compartidos, etc. Por ello, realizan una contribución a la integración social. El análisis de los tres casos muestra que, en importante medida, la hipótesis se corrobora.

En la sexta parte y final se ofrecen algunas reflexiones provisionales sobre estas tres organizaciones, mostrando que su aporte principal consiste, en un caso, en representar a pequeña una comunidad étnica, y, en los otros a dos barrios, potenciando formas de sociabilidad basadas en identidades culturales, modos de vida y (algunas) valoraciones compartidas. Por ello, su acción social implica procesos de subjetivización, antientrópicos respecto a las tendencias de homogenización, y adaptación pasiva de los grupos a la lógica funcional de la modernización neoliberal.

Logros de la modernización neoliberal en Chile

El tema del Tercer Sector tiene escasa presencia o bien está ausente, en la bibliografía sobre la modernización en Chile. Por su parte, los análisis sobre estas organizaciones suelen referirse, someramente, a su relación con las modernizaciones, o bien no hay referencias a ellas. Esta doble carencia empobrece el desarrollo del conocimiento en ambas temáticas. Las organizaciones del Tercer Sector, aunque no puedan ser consideradas un subsistema de la sociedad, en el sentido habitual de la expresión, y aunque sea problemático incluso considerarlas como un'sector' de la sociedad, sin embargo, son una dimensión relevante de ella, en la cual se expresa la capacidad de asociatividad de esa sociedad, y realizan un aporte indipensable a sus niveles de integración social (De la Maza 2000). Por ello resulta importante analizar su situación en dichos procesos.

Aunque las organizaciones chilenas del Tercer Sector sean similares a las de otros países, poseen una especificidad que no es posible comprender sin referirse los procesos societales que constituyen no sólo su contexto, sino los cuales establecen importantes condiciones, límites y posibilidades de su acción, y los cuales condicionan su modo de organizarse y de funcionar en su vida cotidiana. Por ello, es que debemos atender cuidadosamente al contexto social, cultural y político nacional donde han surgido y se desarrollan.

Asimismo, hay una razón teórica importante para estudiar estas organizaciones, y se refiere a la necesidad de superar la concepción dualista Estado - sociedad civil, surgida en un contexto histórico lejano y muy diferente del actual (Arancibia et alli 1998). Como se ha dicho, es necesario desagregar el sentido original de la categoría de sociedad civil, pues ésta comprende organizaciones y asociaciones muy diferentes, incluso en su lógicas de acción social. Puede decirse que la sociedad, desde el punto de vista institucional, articula y comprende no sólo el Estado y el mercado, sino también las denominadas organizaciones de la sociedad civil.

Ciertamente que los límites entre el Estado, el mercado y dichas organizaciones pueden ser difusos, especialmente en algunos países. En Chile, por ejemplo, muchas de estas organizaciones forman parte, de modos diversos, de la lógica de poder del Estado, de sus políticas sociales, pues se financian realizando proyectos cuyas características principales y límites son definidas por los organismos gubernativos. Otras están articuladas a la lógica del mercado, puesto que funcionan como una empresa, algunas producen importantes superavits, o incluso, dependen a la vez del Estado y del mercado. El problema actual ya no es el del siglo XVII-XVIII, el cual era el de afirmar y fortalecer el conjunto de la sociedad civil frente a un Estado absoluto, sino el de luchar por la autonomía y libertad de las personas frente a la lógica funcional del dinero y del poder. Como se expondrá en este ensayo, es necesario potenciar las organizaciones autónomas de la sociedad civil, frente al Estado y el mercado.

El proceso de modernización chileno posee una buena imagen en los medios de comunicación internacionales, especialmente en los relacionados al sector financiero y empresarial. Chile es uno de los principales destinatarios de la inversión extranjera, en América Latina, y su nivel per capita de inversión externa productiva es uno de los más altos. Más aún, es el único país de la región que ha logrado un importante y sostenido crecimiento económico, durante más de diez años, siguiendo la vía ortodoxa diseñada por los economistas de la Escuela de Chicago, de la Comisión Trilateral y los organismos crediticos internacionales. Esta vía es la de un modelo extravertido, orientado al mercado internacional, basado en el crecimiento de los volúmenes de exportaciones de materias primas y recursos naturales, el cual ha requerido una importante inversión externa en estas áreas y en la de servicios. Asimismo, presenta el caso más radical de una "sociedad de mercado", regida por la lógica mercantil. Por ello, se presenta la economía chilena como un nuevo "milagro" y un modelo para América Latina.

Los indicadores macroeconómicos corroboran esta interpretación: (a) la economía chilena presenta un alta y sostenida tasa de crecimiento de más de 6 % anual desde 1984 hasta 1997; (b) su tasa de inflación ha ido decreciendo hasta llegar al 3,6 % en los últimos doce meses, una de los más bajos de los países periféricos; (c) la inversión extranjera productiva ha aumentado desde 1.314 en 1990 a 5.998 millones de dólares en 1998; (d) los niveles de desempleo de los últimos diez años serían muy bajos, y menores que los de varios importantes países europeos (Pnud 2000).

Los niveles de consumo de bienes de uso durable, han aumentado notablemente en la última década, especialmente el de medios de comunicación; (a) el número de computadores ha pasado de 1 por cada 100 habitantes en 1990 a 4,5 en 1997 y sigue creciendo, el 20 % los usa en sus trabajo, y el 10% de los hogares los poseen; (b) las lineas telefónicas fijas se han triplicado entre 1990 y 1997; (c) en ese mismo período se han cudriplicado el número de hogares con televisión por cable; (d) en esta década se ha duplicado el número de estaciones de televisión; (d) la cantidad de teléfonos celulares por cada 1000 personas que es uno de los más altos de América Latina; (e) se han quintuplicado la cantidad de minutos de llamadas a larga distancia nacional, y se ha sextuplicado las internacionales (Pnud 2000); (f) ha aumentado considerablemente el número de vehículos motorizados, en especial automóviles; (g) y, asimismo, se observa un gran incremento de la compra de electrodomésticos.

Los principales indicadores sociales usados por los organismos internacionales son también muy buenos, y se encuentran entre los más altos de la región: (a) el alfabetismo de adultos llegó al 94,3 % en 1998; (b) la esperanza de vida al nacer alcanza a los 75,2 años; (c) el PIB real per capita fue de 4.957 dlls. en 1998, y actualmente es de 5.100 dlls. (Pnud 2000); (d) asimismo, casi toda la población tiene aceso al agua potable y a sistemas de alcantarillado; (e) el déficit habitacional es relativamente bajo; (f) desde 1990 se ha duplicado el gasto público en salud y educación; (g) el cuadro sanitario es satisfactorio, casi se han erradicado las enfermedades contagiosas, y las enfermedades y las principales causas de muerte son análogas a las de los países desarrollados (cancer, dolencias cardíacas, cerebrovasculares, y otras) (Santander 1998); (h) en consecuencia, desde 1990 hasta ahora el número de pobres habría disminuído a la mitad. "En los últimos diez años, 2.2 millones de persona, mejoraron el nivel de ingreso de sus hogares, superando el umbral de la pobreza, al mismo tiempo que la indigencia se redujo a la tercera parte" (Arancibia 1998: 35.)

Aspectos y efectos negativos de la modernización

Sin embargo, los éxitos de la modernización chilena están acompañados de importantes limitaciones, mucho menos conocidas, y habitualmente ausentes de la imagen idealizada proyectada dentro del país e internacionalmente. Estos deficits se presentan en el aspecto económico; en la calidad de vida; en la relación entre sistema institucional y subjetividad, en la salud mental y en la sociabilidad

Distribución del ingreso. Los economistas han señalado que, dada la distribución del ingreso, los beneficios del crecimiento no han llegado a toda la población: "en una muestra de 65 países, el Banco Mundial ubica a Chile entre los de peor distribución del ingreso" (Castro et alli 1998: 81). Si bien es cierto en los últimos diez años los salarios reales han subido; sin embargo, sólo en 1993 se alcanzó el nivel de salario real de 1970, recuperándose de la fuerte baja que sufrieron durante el régimen militar (Gonzalez 2000 b). El 20 % de los hogares más ricos concentra el 57,1% de los ingresos, y el quintal más pobre sólo el 3,9 % (Pnud 1998). "El 70 por ciento de la población percibe poco más del 30 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento percibe más del 40 por ciento, del cual 22, 5 por ciento queda en manos de sólo el 1 por ciento de la población"(Castro et alli 1998: 81). Estudios recientes confirman el carácter regresivo de la distribución del ingreso, puesto que aunque el ingreso per capita llega actualmente a 5.100 dolares, el ingreso anual del 48% de las familias, de cuatro personas, es menor a los 9.000 dlls, es decir, es menor al 44 % del ingreso per capita familiar que alcanza los 20.400 dlls. Más aún, el 75 % de las familias en Chile no alcanzarían el ingreso per capita y sólo el 25 % llegan a dicho nivel y lo exceden, según datos recientes publicados por El Mercurio en noviembre.

La opinión pública coincide con los especialistas: encuestas recientes del Centro de Estudios Públicos muestran que, en los sectores populares, la mayoría piensa que el principal problema económico es el de la distribución del ingreso. Asimismo el 45,6 % no cree que el país esté mejor económicamente (Pnud 1998: 53). Otra encuesta muestra que sólo el 19 % piensa que "todos los chilenos se benefician con los logros económicos del país", y el 80 % piensa que no es así (Pnud 2000: 146). Mediciones realizadas durante los últimos 24 meses, por el Centro de Estudios Públicos, muestran que en promedio, sólo el 30 % opina que el país está progresando, el 50% que está estancado y el 16% que está en decadencia. En igual periodo, en promedio, el 52,5 % piensa que la situación económica del país es mala, y un 7 % que es buena (Hinzpeter 2000: 2).

Pobreza. La medición de su nivel resulta muy insatisfactoria, puesto que se sigue usando la metodología creada por los economistas neoliberales del régimen militar. Aunqeu su uso tiene la ventaja que permite hacer comparaciones, sin embargo, no por ello deja de ser un defectuosos instrumento de medición. Se considera que una familia, de cuatro personas, por ejemplo, ha salido de la pobreza cuando su ingreso mensual supera en conjunto los 315 dólares. En 1987 el 45 % de la población estaba bajo la linea de la pobreza, desde entonces este porcentaje se ha reducido a la mitad, considerando que las políticas sociales implican transferencias que conllevan aumento indirectos de estos niveles de ingreso (González 2000 b). Sin embargo, la medición de la pobreza por el valor de dos canastas básicas alimentarias por persona al mes, es decir, de 78 dólares, es muy discutible. Primero, porque en Chile 39 dólares por mes sólo alcanza para comprar algo más que un kilo de pan al día, y segundo porque los otros 39 dólares mensuales equivalen a tres pasajes de locomoción diarios. En todo caso, el 48% de las familias chilenas vive con menos de 700 dólares al mes, a pesar de que los niveles de precios son muy semejantes, en los artículos de consumo básico, a los de los países desarrollados; y en algunos casos de ropa, alimentos, servicios médicos especializados, medicamentos, productos eléctricos y otros son mayores.
En síntesis, la disminución de la pobreza en los últimos diez años, no significa que los pobres dejen de serlo, sino sólo que lo son en menor medida. Si se consideran los niveles de precios de los consumos básicos, podría sostenerse que, a semejanza de Estados Unidos, una familia en Chile de cuatro personas cuyo ingreso sea menor de 1.000 dólares mensuales se encuentra en una situación de pobreza. Si aplicaramos este indicador, a lo menos la mitad de las familias chilenas están en situación de pobreza aunque, indudablemente, sus niveles de carencias sean menores que los de muchos otros países latinoamericanos. El análisis de estas cifras adquiere especial importancia pues, actualmente, tanto el gobierno como los empresarios sostienen que Chile podría llegar a ser un país desarrollado en sólo diez años si lograra mantener un alto nivel de crecimiento económico, de 6 o 7 % anual.

Sueldos. Muy relacionado al tema anterior, se encuentra el de los bajos niveles promedio de remuneraciones. Las cifras de las asociaciones previsionales muestran que el sueldo mensual promedio en Chile es de aproximadamente 500 dólares mensuales, y el salario mínimo -percibido por una cantidad importante de trabajadores- es de sólo 170 dólares al mes. Esto explica el alto nivel de endeudamiento privado -con bancos, instituciones financieras y casas comerciales- el cual es porcentualmente mucho mayor en los sectores de menor ingreso; en muchos casos éste no se dedica a comprar bienes durables, sino a cubrir déficits. "Este ciudadano credit-card es normalizado, 'puesto en orden', regulado por el consumo con pago diferido. Tiene que subordinar sus estrategias de conflicto a sus estrategias de sobrevivencia como asalariado (...). En la medida que el asalariado comete la falta de dejar de pagar, su ciudadanía se desvanece" (Moulián 1997: 103).

Nivel de empleo. La medición de este nivel es también deficiente. Chile aparece con un nivel de desempleo bastante bajo para la región, e incluso en comparación a algunos países de Europa. Sin embargo, la forma de medirlo es muy deficitaria. En el sistema de encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, que también proviene de la época del régimen militar, se considera que una persona está empleada si ha trabajado al menos una hora la semana pasada. Esta forma de medir no diferencia, obviamente, entre empleo y subempleo; éste último afecta en Chile no sólo a obreros y técnicos, sino también a muchos profesionales. También se han hecho estudios que muestran que ha aumentado notablemente el comercio informal en ferias libres, de modo que por cada feriante hay tres personas que trabajan en las ferias de modo informal, en diversas funciones, esta modalidad comprende más de 700 mil personas (González 2000 a: I).

Esta cifra de desempleo no incluye al porcentaje de personas que no trabajan, y que al ser encuestados por el I.N.E. declaran no haber dedicado al menos una hora la semana pasada a buscar trabajo. De acuerdo a esta metodología, dichas personas no forman parte de los 'desempleados', sino de los 'inactivos', suponiendo que están fuera del mercado de trabajo porque no desean trabajar. Esta categoría comprende a todas aquellas personas que por edad u otras razones no se incorporan al mercado de trabajo: niños, estudiantes, jubilados, dueñas de casa, impedidos y los que no desean trabajar. Sin embargo, si a esas mismas personas que estando desempleadas no han buscado empleo el último tiempo, se les pregunta si estaría dispuestos a trabajar si les ofrecieran un empleo ahora mismo, una parte importante responden afirmativamente, por tanto el nivel real de desempleo es mayor. Así lo muestran las encuestas, paralelas a las del Instituto Nacional de Estadísticas, hechas por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en la Región Metropolitana, que contienen esa pregunta. Estas muestran un nivel de desempleo de 13 % para dicha región.

Estas metodologías se diferencia, por ejemplo, de los sistemas de medición aplicados en España, donde se considera desempleado a quien no tiene un trabajo de tiempo completo. Pero el problema no es sólo de medición del nivel de empleo, sino a la vez el de su precariedad y la baja calidad del mismo. Una de las reformas neoliberales más importantes en Chile, desde los ochenta, fue la completa flexibilización del empleo: en una empresa una persona puede ser despedida, en cualquier momento, sin justificación de causa, y sin limitación de número. Por ejemplo, muchas veces se despide a las personas que intentan formar un sindicato en una empresa, pues el fuero sólo protege a los directivos de los sindicatos. Por ello, es que hay una gran precariedad en el empleo y un alto grado de autoritarismo en las relaciones laborales.

Jornadas laborales. La productividad en Chile tiene un nivel intermedio, pero el promedio de horas de trabajo es uno de los más altos del mundo: en los últimos años, el tiempo dedicado al trabajo se ha incrementado. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en Chile, los individuos permanecen 45 horas semanales promedio en sus labores, mientras que en Estados Unidos y Europa la jornada laboral tiende a disminuir a 35 horas. Este alto promedio se explica porque las personas deben trabajar horas extras, las cuales, en muchos casos, no le son remuneradas, y porque muchos tiene dos trabajos, por los bajos sueldos.

La calidad de vida. Los indicadores sociales expuestos muestran que hay un mejoramiento significativo de algunos aspectos de la calidad de vida, pero con las limitaciones aludidas. Sin embargo, en otros hay un decrecimiento y deterioro. Estos son: la contaminación no sólo urbana, la falta de seguridad personal por la delincuencia, los déficits de atención de salud, el pésimo sistema previsional privado, la baja calidad de la educación pública y subvencionada, el deterioro de la función judicial, la desprotección del consumidor frente a los cobros excesivos, los deficits de calidad de los productos y la disminución del tiempo libre y el descanso.

La contaminación ambiental. Existe un costo "invisible" de esta modernización. A consecuencia de la liberalización económica se eliminaron muchas restricciones ambientales a la actividad empresarial, a la vez que han aumentado las consecuencias negativas ambientales de las actividades económicas. El Estado no ha tenido recursos y/o voluntad política para hacer cumplir en su integridad las normas vigentes. Uno de los resultados es que Santiago -donde vive casi un tercio de la población del país-, ha llegado a ser una de las ciudades del mundo con mayor nivel de contaminación atmosférica y de ruidos. Otras ciudades importantes, como Temuco, presentan también importantes niveles de contaminación. "Se liquida el bosque nativo, colapsan especies pesqueras, desechos tóxicos contaminan el agua y la atmósfera, agroquímicos afectan directamente la vida de las trabajadoras y trabajadores del agro y de sus hijos" (Castro et alli 1998: 85).

Aumento de la delincuencia. El carácter excluyente y desigual del modelo económico ha potenciado los niveles de delincuencia, ha contribuído a aumentar su violencia, y ha disminuído la edad de los ejecutantes. Hay un considerable aumento en las denuncias de delitos, pero muchos no son informados a la policía, por lo lento y engorroso de los trámites. Aunque el nivel de delincuencia no sea el mayor entre los países latinoamericanos, está en crecimiento. Sin embargo, por la recurrente difusión cotidiana en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, y de los mensajes de los políticos de derecha, la población vive atemorizada (Pnud 1998: 130).

Déficits en los sitemas de salud. El sistema de salud público presenta graves déficits porque la atención es lenta y a veces insuficiente, por la limitación de los recursos humanos y materiales. En los últimos años se están recuperando los noveles de inversión pública en salud. El porcentaje correspondiente a salud del PGB había caído al 0,6%, durante el régimen militar, pero en los noventa ha subido al 1,3%. El sistema público de salud no incluye la atención dental, en consecuencia, el nivel de salud dental es muy bajo. Sin embargo, con todas sus limitaciones el sistema de salud público chileno es uno de los más eficientes de América Latina, considerando el bajo gasto por habitante.

En el privado los costos son muy altos, y no siempre la atención es de calidad; hay restricciones de las licencias y, constantemente, se introducen modificaciones que perjudican a los usuarios. Por ejemplo, cuando las personas llegan a los sesenta y cinco años, su seguro de salud aumenta considerablemente, o bien se termina el contrato. Por esta razón, sólo un porcentaje bajísimo de las personas de tercera edad pueden seguir en el sistema privado, los demás vuelven al sistema de seguro público. Recientemente, las instituciones de salud privada excluyeron de sus contratos de seguros de salud cuatro importantes enfermedades: (tratamientos hospitalarios de) afecciones psiquiátricas, adiciones de drogas, alcoholismo, y problemas dentales. El alcoholismo es la principal enfermedad de los varones de cuarenta (MTG 2000: 9). En ambos sistemas, la cobertura de las enfermedades crónicas de alto costo es muy insuficiente.

Previsión. El sistema previsional chileno está completamente privatizado, y la ley que lo rige obliga a los usuarios a pagar altos gastos de administración a las empresas aseguradoras privadas. Sus pensiones son muy bajas, menores al 1 % mensual del dinero acumulado durante toda la vida laboral. Más aún, el 50 % de los pensionados han obtenido pensiones bajo el mínimo, y están siendo subvencionados por el Estado (Vergara 1998). "Nuestro sistema de AFP es uno de los más caros del mundo y existen serias dudas de su capacidad de otorgar (...) amplia cobertura" (Castro et alli 1998: 84). El 72 % de los usuarios opinan que su jubilación no le permitirá satisfacer sus necesidades básicas o bien sólo les alacanzará para cubrir éstas (Pnud 1998: 172).

Educación pública. A nivel primario y secundario atiende al 90 % de los escolares y está constituída de escuelas municipales, y las privadas con subvención estatal (Unicef 2000). La educación que proporcionan, por la escasez de sus recursos, y la baja remuneración de los profesores es, en general, de baja calidad y no otorga conocimientos técnicos que permitan trabajar, ni tampoco preparan bien a los estudiantes para la educación superior. Su nivel se deterioró durante el régimen militar, pero desde 1990 se ha doblado el gasto en educación primaria y básica, y se está realizando una reforma educacional. En los noventa ha mejorado su nivel, especialmente en las escuelas más pobres y, en general ha mejorado el rendimiento escolar de la educación primaria, pero se requerirá bastante tiempo, esfuerzo e inversión para que alcance un buen nivel (Pnud 1998: 178). Por ejemplo, una reciente encuesta realizada en diversos países europeos y algunos de América Latina mostró que el 80 % de la población chilena no está en condiciones de comprender un texto sencillo y representaciones estadísticas elementales.

Justicia. Hace mucho tiempo que el sistema judicial es lento, caro y corrupto, y ha empeorado desde el régimen militar. Consiguientemente, su imagen pública está muy deteriorada (Matus 1999). Sólo el 26% piensa que funciona bien, el 69 % cree que sólo "favorece a los poderosos" y el 36% piensa que "para gente como yo no existe" (Pnud 1988: 137). Asimismo, sólo el 12 % opina que en Chile existe igualdad ante la ley, y el 86 % que no (Pnud 2000: 178). La reforma del sistema penal que ha comenzado a aplicarse ha creado algunas expectativas de mejoramiento de este sistema.

Deficiencias del mercado. Este funciona en Chile con importantes deficits que perjudican en mayor medida a los consumidores de menores ingresos: altos intereses por la compra a crédito, que aumentan en relación a la extensión de los plazos; multas e intereses usurarios por el atraso en las cuotas de pago; cobros injustificados y excesivos en las cuentas de servicios o de créditos; múltiples reclamos por la baja calidad de los productos; por incumplimiento de garantías, etc. Aunque existe una ley del consumidor, ésta es relativamente ineficiente y, consiguientemente, los niveles de inseguridad y desprotección son altos en este aspecto.

El funcionamiento de las instituciones y la subjetividad. Otra área de deficiencias de la modernización chilena se refiere al contraste que se observan entre los criterios de funcionamiento de las diversas organizaciones públicas y privadas y la subjetividad de las personas. Dicho de otra manera, la conclusión del informe del Pnud de 1998 es que el sistema institucional, tanto público como privado, no considera la subjetividad de las personas. Sus objetivos reales y los criterios que efectivamente rigen su funcionamiento cotidiano, no los meramente declarados, no incluyen la opinión, intereses y expectativas de aquellos que dicen servir. Es frecuente, que el funcionario público y el empleado de las empresas privadas que atienden público lo haga con desinterés, desgano e inificiencia; y muchas veces tramitan o informan mal. Son muy pocas las empresas privadas y públicas que muestran un real interés de mejorar el nivel del satisfacción del cliente o del ciudadano. Todo esto ha generado un creciente disconformidad, desconfianza y pérdida de credibilidad de las principales instituciones y sus personeros, lo que se manifiesta en altos porcentajes de personas que piensan que éstas "sólo persiguen sus intereses": las empresas (79,5 %), asociaciones de empresarios (59,6 %), la principal central sindical (51 %), el Congreso (74,9 %), los partidos políticos (65,1), etc. (Pnud 1998: 137 y 138). Esta disconformidad se expresa en el creciente número de reclamos, en los últimos cinco años, presentados al Servicio Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía.

Hegemonía fáctica. Pese a su disconformidad las personas siguen actuando de acuerdo a las reglas que establece el sistema institucional, con ello se produce una separación creciente entre conductas y normatividad. Se siguen las reglas establecidas por las instituciones, no porque se las considere justas, adecuadas, correctas y convenientes para todos, sino porque se cree que las consecuencias indeseables, los costos de no cumplirlas, son mayores que los beneficios de su tragresión. Dicho de otra manera, se las obedece por su coercitividad, porque su cumplimiento es visto como un mal menor que su trasgresión, y no porque que se las valore por sí mismas, como condiciones de un orden deseable. Esta actitud, definida por Norbert Lechner como "hegemonía fáctica", es un sistema de control de conductas que no requiere del consentimiento y el convencimiento, sino que es un condicionamiento de las conductas (Lechner 1984). Se trata de nuevas formas de disciplinamiento que no requieren ya de instituciones cerradas, como las que analizó Foucault, sino que son ubicuas, se ejercen a través del espacio fluido y del tiempo, como lo vió Deleuze (1993).

Efectos psicosociales: discriminación. Esta es una zona de las más preocupantes y menos conocida de la modernización chilena y forma parte de lo que podría llamarse la calidad de vida psicológica. Un tema relevante se refiere a la discriminación y la intolerancia. Aunque no tenemos investigaciones empíricas y cuantitativas del período precedente de la modernización desarrollista que permitieran una precisa comparación, sin embargo, existen numerosos antecedentes y testimonios, incluso de observadores extranjeros, de que hace tres décadas los niveles de intolerancia y discriminación eran menores que actualmente. Más aún, la imagen compartida por chilenos y extranjeros era que la sociedad chilena era tolerante y conciliadora.

La Primera Encuesta (sobre) Intolerancia y Discriminación, realizada en 1997, reveló en primer lugar, que existe intolerancia y discriminación hacia una gran diversidad de personas: por su género, contra las mujeres; por su nivel etario, se discrimina a los jóvenes y las personas de tercera edad; por sus características étnicas a los mapuches, coreanos y orientales, judíos, peruanos, bolivianos y otros; por su religión, se manifiesta contra los evangélicos, los miembros de otras religiones y los agnósticos; social y educativa, se discrimina a los pobres y los de menor educación; a los personas con impedimento, con sida y otros (Fundación Ideas 1997).

Segundo, los niveles de intolerancia y discriminación son altísimos y recorren una gama que va desde un "preocupante" 20% hacia los discapacitados, hasta un "gravísmo" 60 %, hacia los homosexuales. Todos los casos superan el 20%, y casi todos tienen el carácter "alarmantes" o "gravísimo", de acuerdo a los criterios internacionales (Fundación Ideas 1997: 26-27). Tercero, la diversidad y nivel de la intolerancia y discriminación conduce a una situación perversa y paradojal. La gran mayoría de la población, constituye la mayoría marginada y marginante: "desde la niñez a la ancianidad, nadie está libre de ser discriminado por alguna razón. Pero así como en algún momento hemos sufrido discriminación e intolerancia, también nosotros hemos discriminado y hemos sido intolerantes" (Estévez 1995: 255). Sólo una minoría de varones profesionales, de ingreso alto, católicos, de aspecto europeo, sanos y heterosexuales, no podría ser objeto de discriminación en la sociedad chilena.

Conformismo. Otro tema de interés el del conformismo. Los análisis del Pnud y otras investigaciones, que lamentablemente no se han difundido (suficientemente), muestran que aunque la mayoría de los chilenos están profundamente desconformes con los procesos de modernización, pero no tienen (muchas) esperanzas de cambio y asumen actitudes que van desde el conformismo, la resignación y la desesperanza. Las encuestas del Pnud, por ejemplo, muestran que el 82,8 % piensa que, actualmente, la gente no vive más feliz que en el pasado (Pnud 1998: 53).

Frustración de las expectativas. Otro aspecto significativo es el de la frustración generalizada que surge ante la imposibilidad de acceder a los niveles de consumo prometidos por esta modernización. Desde su inicio ella estuvo acompañada por un marketing agresivo y sin limitaciones de productos y servicios, mediante todas las formas de publicidad y la difusión masiva de series televisivas y filmes, casi todas de origen norteamericano. De este modo, y en el vacío político y cultural creado por el régimen militar, se fue produciendo una nueva revolución de expectativas. Veinte y cinco años después para la mayoría de la población dichas expectativas sólo se han realizado muy parcialmente, pues su bajos ingresos le permiten alcanzar sólo una parte pequeña de los bienes deseados. Sin embargo, la inversión de tiempo, esfuerzo y esperanza han sido tan altos que las personas se esfuerzan por seguir creyendo en la promesa del consumo deseado. Ellas intentan cumplir sus expectativas aumentando el endeudamiento, tratando de acrecentar sus ingresos trabajando más y manteniendo su dedicación absorvente a dichos fines, con el consiguiente desgaste.

Ahora bien, no parece adecuado considerar, desde una actitud ascética o aristocratizante, estas conductas como "consumismo", es decir como un defecto moral. Más bien, pueden ser consideradas conductas adaptativas a un estilo de vida donde el consumo es la actividad considerada más valiosa. Haciendo una paráfrasis de una frase de Marx sobre el dinero y la personalidad, en Chile actual, podría decirse; "yo soy lo que consumo, los límites de mi yo son los límites que alcanza mi capacidad de comprar y de exhibir mis bienes; mi poder y valor reside en mis bienes". El consumo se ha convertido en una suerte de ciudadanía social, "el ciudadano credit-card" (Moulián 1997). Realizar niveles de consumo que son "normales" en cada sector social, se ha convertido en una suerte de obligación; quien no lo hace se expone a ser considerado incapaz de ganar el dinero necesario. De ahí la necesidad de exhibir lo que se posee, o de fingir un nivel de consumo que no se ha podido alcanzar, haciendo marketing de sí mismo. Esta es una de las razones de la proliferación de pequeñas estrategias de engaño: alto consumo de ropa usada de marca proveniente de los países del Norte; de celulares de madera; se hacen imprimir tarjetas como representante de firmas norteamericanas inexistentes, etc.

Crisis de subjetividad. Todos los indicadores de salud mental muestran que se ha producido una crisis de subjetividad en la sociedad chilena. Las adiciones han aumentado: tabaco, alcohol, y las distintas drogas. La tasa de bebedores excesivos es una de las más altas del mundo, y más de un cuarto de las muertes están asociadas al consumo excesivo. Estas conductas están relacionadas dirctamente con estados depresivos. Un estudio de la Oms mostró que Santiago es una de las ciudades del mundo con mayor nivel de depresión. Los médicos de la Pontifica Universidad Católica calculan que la cuarta parte de la población presenta trastornos del sueño. Asimismo, se observa un alto consumo de todo tipo de psicofármacos. En los consultorios que atienden a los sectores populares, cerca de la mitad de las consultas se refieren a trastornos y enfermedades psicosomáticas.

Estrés. Se ha convertido en Santiago, y las grandes ciudades, en una enfermedad frecuente que afecta los adultos, y también los jóvenes. "El esmog, la contaminación acústica, la enorme distancia que existe entre la casa y el trabajo, obligan a las personas a usar tres o más horas del días sólo para transportarse (...). El aislamiento, la falta de un sentido de pertenencia y la no participación en proyectos sociales más trascendentes, reducen los recursos con que cada trabajador podría enfrentar las demandas que le impone este modelo de sociedad (...). El estrés es uno de los mayores problemas laborales porque es en el trabajo donde se dan las situaciones estresantes", escribe el Director del Instituto Nacional Previsional (Norambuena 2000: I). Estudios recientes muestran que la mitad de los chileno se manifiestan con estrés o deprimidos (La Segunda, 24 de noviembre del 2000).

Miedos. Los estudios del Pnud han revelado que los chilenos viven atemorizados: de perder el trabajo, y de no encontrar uno nuevo; de ser asaltados; de sufrir enfermedades catastróficas y no tener el dinero para soventarlas, por la precariedad de los sistemas de salud; de que su futura jubilacion no les alcance para vivir; de ser excluídos; "el miedo al sinsentido a raíz de una situación social que parece estar fuera de control", y, sobre todo "el miedo al otro, que suele ser visto como un potencial agresor" (Lechner 1998: 134). En este sentido, las encuestas del Pnud indican que el 91,1 % opina que hay que tener cuidado con los extraños. Esta cifra altísima concuerda con los altos grados de discriminación e intolerancia: el otro es temible, no sólo porque es extraño y podría perjudicarme, sino porque es otro, ajeno y amenazante por su edad, sexo, aspecto físico, condición social, religión, etc.

"Si el extraño causa alarma, es porque desconfiamos de nuestras propias fuerzas. El miedo a los otros es tanto más fuerte cuanto más frágil es el "nosotros" (Ibid: 136). El ritmo de la modernización aumenta las interacciones, pero no favorece la creación de lazos sociales. Más aún, el otro se ha convertido en mi competidor en la lucha por acceder a un buen trabajo, para ascender socialmente, para conseguir bienes escasos, y en un obstáculo a mis planes y expectativas. En este contexto, las identidades culturales y sociales se erosionan.

En la sociedad chilena actual muchas personas se sienten un individuo, un warrior, empeñado en una lucha de todos contra todos, para llegar a ser un winner o mantenerse siéndolo, y para alcanzar un único modelo de vida deseable, "el sueño americano": alto ingreso, estatus y consumo elitario. Es una paradoja que la modernización neoliberal, aparentemente tan pragmática y tecnológica, haya convertido en una filosofía popular y masiva a la concepción metafísica de "la teoría política del individualismo posesivo". Esta fue creada por los clásicos fundadores del liberalismo -Hobbes, Locke y Smith- y sostiene la concepción metafísica de que el hombre es un individuo esencialmente egoísta y antisocial, que nada debe a los demás, que es básicamente un ser económico y del mercado, y que está movido por el insaciable deseo de propiedad y de placer, especialmente mediante el consumo (Macpherson 1962: 225 a 236). Su versión más radical es la del neoliberalismo contemporáneo que en Chile se ha convertido en una filosofía popular (Hayek 1959, Friedman 1980 y Vergara 1984).

Alteraciones de la personalidad. El modo de vida actual produce trastornos en la personalidad de los chilenos. Un estudio del Ministerio de Salud, de abril de este año, señala que en Chile cuatro de cada diez personas presentarán durante su vida algún trastorno mental, y tres de ellas ya lo han sufrido en los últimos seis meses (MTG 2000: 9). Los especialistas calculan que entre un quinto y un cuarto de la población sufre algún tipo de alteración psicológica que requeriría tratamiento especializado. Se observa una fuerte tendencia a actuar sin considerar a los demás, a no reconocerlos ni respetarlos. Un psicólogo social escribe: "el modo de vida de la modernización neoliberal tiende a 'psicopatizar las relaciones humanas'. El síntoma central tiene que ver con la violencia social. Asisitimos a una creciente falta de respeto de los derechos ajenos y un relajo de los deberes interpersonales, asociados a una exacervación de la satisfacción de deseos" (Gutierrez 2000).

Insociabilidad. Estas tendencias se expresan en la vida cotidiana en conductas de indiferencia, cuando no de franca insociabilidad. La percepción de la opinión pública coincide con estos análisis: el 80 % piensa que "Chile es una sociedad cada vez más agresiva", un 64 % afirma que "cada vez es más egoísta", un 81 % cree que no es igualitaria socialmente y un 70 % no cree que sea justa (Pnud 1998: 52). Se ha producido "una expansión de los espacios de anomia. Aumenta, al parecer, la percepción de que las normas sociales son inadecuadas para los propios objetivos (...). Si los otros pueden hacer lo ilegítimo y les va bien , ¿por qué no yo?" (Gutierrez 2000: 4). La percepción de la opinión pública es concordante: el 76,1 % opina que "las personas pasan a llevar con tal de conseguir sus objetivos", y el 68 % piensa que "es difícil que hagan algo por los demás sin esperar algo en cambio" (Pnud 1998: 147).

La violencia cotidiana. Asume diversificadas formas, todas ellas de alta incidencia. De una parte, ha aumentado la violencia familiar contra mujeres y niños, así como las agresiones y violaciones sexuales: en un 80 % sus víctimas son niños (Montoya 2000: 9). De otra, la violencia cotidiana se manifiesta entre los conductores de vehículos, respecto a los peatones, en grupos juveniles y universitarios, y en cualquier espacio y ocasión (La Epoca 1996 a y b). Asimismo, se constata la violencia policial, denunciada ante organismos internacionales de derechos humanos. El retorno a la democracia, contrariamente a lo que se creyó, no significó la disminución de la violencia en la sociedad, sino sólo la desaparición de la represión política (Vergara 1990).

La influencia de la cultura estadounidense. En esta transformación ha sido y es de mucha importancia "el modelo (norte)americano". De modo mucho más profundo y radical que en España, las élites nacionales han dirigido, desde hace veinte y cinco años, un profundo proceso de norteamericanización cultural que se expresa en las pautas de consumo, los hábitos alimenticios, en el lenguaje cotidiano, en el uso del tiempo libre, en las costumbres, en la formación profesional, en las estrategias de administración, en el culto de la eficiencia en todos los planos, en la cultura política y en muchos otros aspectos. Dicho proceso, sin embargo, no intenta reproducir todos los componentes de la compleja cultura norteamericana, sino aquellos más visibles y adecuados al proceso de modernización chilena. Es así que valores como el respeto de la libertad individual, la tolerancia, y la posibilidad de expresar opiniones divergentes o innovadoras que son importantes en la sociedad norteamericana, en Chile tiene escasa vigencia. Para las elites empresariales, políticas y una parte de las culturales esta aculturación se justifica porque es parte de la globalización.

"La privatización del comportamiento es pensar que la vida hay que disfrutarla en privado; (...) al precio que sea hay que ganar dinero, como el dinero es ahora el valor principal y abstracto, te da igual donde lo ganas; (...) triunfar es ganar dinero; (...) el propósito común es tener éxito (...). El estilo americano consiste en la endogamia del poder político y económico; (...) el último capítulo de la americanización es la globalización", señala el sociólogo Alberto Moncada describiendo "la americanización de España" (1995: 52 a 54). Esta descripción es aplicable, en gran medida, a la sociedad chilena. Esta transformaciones culturales han sido ampliamente analizadas críticamente en la sociedad norteamericana por Erich Fromm, Herbert Marcuse, Rollo May, Vance Packard, y otros autores. Especialmente significativos, por su analogía con el caso de Chile, son los estudios de Robert Merton sobre la contradicción entre el intenso deseo de éxito y las normas morales y jurídicas, las cuales son vistas como obstáculos. Esto favorece las conductas de trasgresión (1949-1957).

Sociabilidad. Su situación se muestra en la precariedad del "nosotros", la cual se expresa en varios niveles. Uno, en la relación entre las personas y las instituciones sociales, al cual ya nos referimos. Segundo, en la sociabilidad interpersonal. Las encuestas muestran: la escasa confianza en recibir ayuda de los demás (41,5 %), que desciende al mínimo si se tratara de una agresión (11,7 %); y la percepción que no hay facilidad para organizar la gente (63, 4 %) (Pnud 1998: 142). Como se ha mostrado anteriormente predomina una imagen negativa sobre la disposición de los demás a respetar las opiniones ajenas, a la posibilidad de que hagan algo desinteresadamente, a la autoregulación ética de no pasar a llevar a los demás, cuando uno está tratando de realizar sus objetivos. Una de las expresiones de la baja calidad de la socialibilidad en la sociedad chilena actual es el hecho de entre las actividades recreativas, las actividades sociales y la participación en agrupaciones sociales ocupan sólo el 22,5 % la primera, y 5,4 % la segunda, en promedio en todos los sectores.

Tendencias de cambio cultural. En síntesis, podría decirse que, en el plazo de unas pocas décadas, se ha producido una impresionante mutación cultural análoga, en algunos aspectos, a "la gran transformación" de la sociedad europea en el siglo XIX, descrita magistralmente por Balzac, Zola, Marx y Polanyi. Como lo han mostrado los estudios comparados de Danilo Paéz y otros psicólogos sociales, la sociedad chilena está transitado desde una cultura de carácter comunitario, donde predominaban los valores culturales "femeninos": la solidaridad, la preocupación por los otros, el respeto de las opiniones ajenas, la búsquedad de acuerdos favorables a todos, la justicia social y la minimización de la desigualdad, hacia una cultura individualista, de valores culturales "masculinos" orientada hacia el logro individual medido por "el éxito material, en desmedro de la persona y las relaciones humanas; la competencia y el rendimiento remplazan a la solidaridad, en lo afectivo: la vivencia y la expresión emocional bajan y la gente recibe menos apoyo emocional", y se privilegian las relaciones de poder y el consumo (Gutierrez 2000).

Las organizaciones de la sociedad civil.

Una de las vía importantes para estudiar la sociabilidad, y sus potencialidades, consiste en examinar las características que asume la asociatividad en la sociedad chilena. Ella posee, en sus diversas formas, una importante tradición. Chile presenta un nivel intermedio de cantidad de organizaciones por cada diez mil habitantes: 56, respecto a Suiza que tiene 169, y de Argentina que sólo posee 22 (Pnud 2000: 117). El total de las organizaciones encuestadas por el Pnud es relativamente alto: 83.386. Las económicas son las más numerosas constituyendo el 21,7 %; las de salud, educación y vivienda el 20,4 %; las vecinales el 20,1 %; las recreativas-culturales, incluyendo las deportivas, corresponde al 17,9 % y las de grupos etarios y de mujeres el 12,6 %.

Entre las organizaciones económicas los sindicatos tuvieron un gran desarrollo hasta 1973. Actualmente el nivel de sindicalización es bajo: en casi todas las regiones del país es menor al 18 %, y su poder de negociación a nivel empresarial y nacional es muy limitado. Por ejemplo, los porcentajes de aumento en las negociaciones colectivas han ido disminuyendo desde 1990. Esto se debe: al alto endeudamiento de los empleados y obreros; al temor de ser despedidos, pues la legislación laboral heredada del régimen militar permite despedir sin causa, ni limite y sólo con la una indemnización de un mes de sueldo por año de servicio; la inexistencia de seguro de desempleo; al hecho de que casi el 40 % de los trabajadores no tiene contrato indefinido, y de ellos el 22,3 no tiene ningún contrato, por tanto su situación es muy precaria (Pnud 1998: 185). En cambio, algunos colegios profesionales y, especialmente, los más importantes gremios empresariales son importantes actores sociales.

Existe la importante cantidad de 1923 asociaciones ligadas al tema de la salud; a problemas de vivienda: hay 4453 comité de allegados y 339 cooperativas de vivienda; así como de asociaciones ligadas a la educación, especialmente 9258 centros de padres y 468 de estudiantes, de distinto tipo (Pnud 2000: 123).

Las organizaciones vecinales constituyen casi un quinto del total. Entre ellas se encuentran: las juntas de vecinos, los comités de pavimentación, de seguridad ciudadana, los bomberos y otras. Las organizaciones etarias han tenido un importante desarrollo en estos últimos años: de mujeres, adultos mayores, de jóvenes y de infancia y llegan al 12 % del total. Existe, asimismo, un conjunto de otras organizaciones entre las cuales las más importantes son las recreativas y deportivas que son el 19,2 % del total.

La asociatividad política es débil y, a diferencia del pasado, actualmente sólo un 3 % de la población está inscrita en partidos políticos. Un 39 % no se identifica con ninguna posición política, y un 41 % no se identifica con ningún partido político (Hinzpeter 2000: 7). Asimismo, los actos políticos tienen, salvo excepciones, bajos niveles de concurrencia. Estas cifras son preocupantes, pues podría decirse que hasta 1989, los partidos políticos cumplieron un papel relevante para integrar un sociedad muy diversa, fragmentada y desigual. Y por ello, eran una de las fuentes más importantes de las identidades sociales.

Pero, quizá lo que es más preocupante es es la magnitud que ha alcanzado el "desencanto de la democracia"en la sociedad chilena: sólo el 50 % de la población cree que la democracia es el mejor sistema político. Sin embargo, el nivel de abstención y de votos nulos entre los inscritos fue bastante baja en la última elección prsidencial, pero anteriormente, en la última elección parlamentaria sólo el 60% de los que tenían derecho a voto sufragaron. El otro 40 % no concurrió a votar sea porque estando inscrito, votó en blanco o nulo, o bien no se había inscrito en los registros electorales. Más aún, sólo el 3 % de los jóvenes de 18 a 25 años se inscribió voluntariamente en dichos registros electorales.

Los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil chilena son muy variados y los más recurrentes son: la búsqueda de "potenciación estratégica" para sus miembros, al cual se abocan el 25,2 % de las organizaciones; la "sociabilidad" con el 22,1 %; la "mejora de la calidad de vida" que comprende el 18,2 % de las organizaciones; y el de fomento y promoción que llega al 13,7 % (Pnud 2000: 130). Desde otra perspectiva, puede diferenciarse entre organizaciones tradicionales y emergentes del Tercer Sector: "observamos un debilitamiento de las formas de asociatividad que predominaron en períodos anteriores: sindicalismo, asociaciones urbanas, campesinas, estudiantiles; y el surgimiento de otras: ambientalistas, de mujeres, de consumidores, de derechos ciudadanos frente a la inseguridad, de oposición a proyectos que afectan comunidades, regiones y pueblos indígenas; también emergen movilizaciones frente a la intolerancia cultural y persisten las referidas a derechos humanos" (Ahumada et alli 1998: 63).

El Tercer Sector en Chile, aunque posee un desarrollo relativamente amplio y un nivel medio de asociatividad presenta importantes debilidades. Examinando la bibliografía y las opiniones de directivos de estas organizaciones, se podría señalar de modo conjetural en conjunto que : (a) la mayoría de las organizaciones son pequeñas y de pocos miembros; (b) el nivel de participación en ellas es variable pero, en una importante porcentaje, es de bajo nivel; (c) en su organización interna y en la relación entre sus miembros y asociados podría decirse que predominan las formas organizativas autoritarias y paternalistas; (d) los análisis muestran que los sectores de mayores niveles educacionales y económicos son los que han desarrollado una mayor capacidad de asociatividad (Pnud 2000); (e) parte importante de ellas no cuenta con recursos materiales mínimos, y se mantienen por el esfuerzo y dedicación de algunos de sus miembros; (f) se observa que tanto el Estado, las minicipalidades, empresas y otras organizaciones funcionales tienden a concebir a estas organizaciones con un rol subordinado o de apoyo a sus objetivos; (g) el reconocimiento y auspicio del Estado, sus organismos, ministerios y de las municipalidades a las organizaciones de la sociedad civil es bajo, mínimo o inexistente, salvo aquellas que venden servicios al Estado; (h) las empresas privadas en Chile -a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo- contribuyen en muy escasa medida a estas organizaciones, e incluso están tendiendo a crear las suyas; (i) por vacíos legales y la escasa capacidad fiscalizadora del Estado, un conjunto significativos de empresas de servicios, guíadas por criterios comerciales, funcionan bajo la apariencia de organizaciones sin fines de lucro. Muchos de los colegios más exclusivos y caros del país tienen la forma legal de organizaciones (fundaciones o corporaciones), sin fines de lucro.

El estudio realizado por el Pnud, que es el principal realizado hasta ahora, no incluye muchas asociaciones pequeñas y sin personería jurídica. El hecho de que no contemos con un catastro más completo y pormenarizado, muestra que la sociedad chilena y el Estado recién empiezan a valorar la diversidad de las organizaciones del Tercer Sector; tampoco contamos con una acumulación de estudios de casos, realizados con una metodología compleja que nos permita conocer y analizar la situación real y la problemática de estas organizaciones.

Las expectativas para el desarrollo del Tercer Sector en Chile

En estos últimos años, se observa una significativa preocupación del Estado, el gobierno, los partidos políticos, los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Pnud, las fundaciones, los intelectuales y las universidades por el Tercer Sector. Asimismo, se han manifestado diversas expectativas sobre el mismo, en general excesivas, dada la situación real del sector. En esta preocupación concurren diversas motivaciones que conviene explicitar.

Primero, se ha sostenido que algunas organizaciones humanitarias pueden proporcionar servicios a los más pobres, con un costo más bajo para el Estado, lo que hace razonable subvencionarlas para maximizar los recursos del gasto social.

Segundo, en el mismo sentido, se ha identificado las organizaciones del Tercer Sector con las Ongs, y se les atribuye un significativo papel en "la lucha contra la pobreza", y se contempla la posibilidad de crear sistemas de voluntariado. Se aumentarán los fondos para licitaciones de proyectos. De este modo, se privatizará una parte importante de la aplicación de las políticas sociales. Esto significará como en el caso anterior, la maximización de recursos del gasto social.

Tercero, se han creado desde 1990, pequeñas organizaciones, por ejemplo, de homeless o "allegados"; y de habitantes de los barrios pobres, "pobladores", los cuales presentan proyectos que incluyen una parte del financiamiento, y compiten entre sí, para obtener subsidios del Estado para viviendas sociales, para pavimentar calles u otros fines. De este modo, también se maximizan los recursos de las políticas sociales, y se tiende a evitar que surgan movimientos sociales conflictivos. Este procedimiento ha sido denominado "participación subordinada"(Guerra).

Cuarto, en el mismo sentido, el Banco Mundial está proponiendo que los beneficiarios de las políticas sociales se conviertan en coejecutores de proyectos de dichas políticas. Habría que preguntarse porque no podrían participar en su diseño y su evaluación.

Quinto, las actuales políticas sobre el Tercer sector convocan a los empresarios las empresas a realizar de actividades humanitarias y de mejoramiento de la calidad de vida de los sectores pobres, de acuerdo a las concepción de la responsabilidad social de las empresas. Se diría que estas propuestas no se basan en un conocimiento realista sobre la mentalidad empresarial chilena, para la cual este sector están cumpliendo con creces su papel social por proporcionar empleos, contribuir al crecimiento económico y exportar. Dicha propuesta tampoco considera las actuales condiciones económicas de las pequeñas y medianas empresas, por tanto su ámbito de convocatoria se reduce (casi) exclusivamente a las grandes empresas.

Los referidas estrategias significarían que una parte de las organizaciones de la sociedad civil potenciaría el rol subsidario de un Estado asistencial y mínimo; lo cual es concordante con la doctrina neoliberal prevalente. Esto no es negativo en sí mismo, pero no corresponde -sino en muy escasa medida- con la idea de fortalecer la sociedad, democratizarla y ampliar y profundizarla la ciudadanía.

Sexto, hay una preocupación política en el amplio sentido de la expresión. Los estudios del Pnud en Chile, según Eugenio Ortega su coordinador, estarían mostrando que "ni el gobierno, ni el parlamento, ni los empresarios, ni el modelo económico se van a legitimar, sin que la sociedad sea más fuerte y se sienta más acompañada y valorada por el sistema político. (...) Para el Chile que queremos construir, necesitamos una democracia potente, un crecimiento con equidad y una mayor integración social" (Ortega 2000: D 26). En otras palabras, el fortalecimiento de la sociedad civil mediante la activación del Tercer Sector podría potenciar la democracia y aumentar la integración social, lo que a su vez cumpliría un rol de legitimación los otros dos sectores y de la modernización neoliberal. Sin embargo, es difícil, o quizá imposible, que ésto pudiera lograrse mediante los procedimientos mencionados.

Séptimo, también se ha afirmado, en general, la necesidad de potenciar el Tercer Sector para organizar la sociedad civil, fortalecer la democracia, hacerla más participativa, ciudadanizarla, superando las limitaciones de una democracia puramente representativa e institucional, y disminuyendo la atomización y fragmentación social (Ortega 2000, Pnud 2000 y Lagos 2000).

Octavo, una expresión de la búsqueda de nuevas alternativas, en el sentido recién señalado, que superen la concepción funcionalista sobre las organizaciones de la sociedad civil fue planteada por el diputado Carlos Montes en la clase magistral de inaguración del año académico del 2000 de la Universidad Bolivariana. Allí señaló que en la sociedad chilena existían diversas posibilidades de desarrollar el Tercer Sector, pues había una gran cantidad de dirigentes políticos y sociales; un considerable interés por hacer deportes; muchas iglesias que habían tendido a cerrarse sobre sí mismas, las cuales podrían asumir una actitud de apertura; asimismo, las escuelas podrían abrirse hacia la comunidad. El Estado y los municipios podrían asumir la mayor responsabilidad en este nuevo proceso. El papel principal de los dirigentes políticos y sociales sería el de constructores de convivencia social.

En su opinión, el problema básico no es de recursos, puesto que el Estado está destinando importantes cantidades al área social, los cuales podrían reasignarse. De hecho el Estado estaba dando respuesta a distintos problemas, pero éstas no son articuladas. Ejemplificó cuestionando las políticas de vivienda social, puesto que al ubicar las nuevas poblaciones en las zonas periféricas de la ciudad, donde el suelo es más barato, el Estado sin proponérselo, contribuía a reproducir la segregación urbana. Asimismo, sostuvo que la subvención a colegios particulares en zonas populares ha generado una forma de segregación económica en los colegios por el pago de matrículas y mensualidades. Asimismo, en muchos casos las municipalidades son dirigidas con criterios empresariales, pero ellas no son empresas ni deben intentar serlo. La tarea de hoy sería la de crear condiciones de convivencia entre los vecinos y entre los ciudadanos, y reconstruir los modelos de socialibilidad. La escuela podía ser el centro de rearticulación social. Esta tarea implica debatir el modelo de desarrollo, y tratar de comprender lo que estaba pasando en el tejido social (Montes 2000).

Como puede verse, en el proyecto de fortalecer la sociedad civil y las organizaciones del Tercer Sector concurren motivaciones y objetivos diversos, formulados de modo general, entre los cuales podemos distinguir una tendencia predominante de carácter funcionalista de adecuar estas organizaciones a las políticas sociales del Estado, y una tendencia innovadora cuyos grandes objetivos son difíciles de alcanzar, pues su realización no depende sólo de la potenciación de un tipo de organizaciones de la sociedad civil.

Parece necesario superar la tendencia a pensar en forma agregatoria buscando completar lo existente, sin modificarlo, mediante la adición de un nuevo componente; e intentar reflexionar en forma sistémica. Esto implica empezar a pensar que los referidos objetivos -especialmente aquellos que significan modificaciones de la situación existente y no sólo aumento de la eficiencia del Estado en sus políticas sociales- sólo podrían alcanzarse si se produce no sólo una reforma del Estado para hacerlo más eficiente, sino una real democratización del mismo, del sistema político y de los partidos. Se requiere, asimismo, un cambio en las relaciones entre el Estado, la sociedad y el sector empresarial, por el cual éste se comprometa y asuma su responsablidad para consolidar una democracia participativa con ciudadanía ampliada. Ciertamente, que esto es muy difícil en las actuales condiciones políticas y sociales, e implicaría un cambio substantivo de nuestra actual cultura política y del actual modelo de desarrollo, como ha señalado Montes (Vergara 1989).

Podría decirse que las expresiones "organizaciones de la sociedad civil" o del "Tercer Sector" son términos vicarios, es decir, un modo sintetico y breve de denominar un conjunto heterogéneo de realidades. El problema surge cuando se cree que dicho significante tiene un significado unívoco. Aún no tenemos un conocimiento preciso y sistemático sobre la diversidad de organizaciones del Tercer Sector en Chile, que permita hacer proyecciones y plantear proyectos realizables que potencien su carácter de vías de participación y democratización social. Se han hecho estudios sobre algunas Ong, pero otras son apenas conocidas, incluso algunas muy importantes por su tamaño, presencia nacional y capacidad de formar a sus miembros, por ejemplo, la de los scout y guías, y los bomberos que en Chile son un organismo no gubernamental, compuesto de voluntarios.

Como se ha dicho tantas veces, se requiere un amplio catastro, lo más completo posible y en constante reactualización, que contenga la información básica sobre su estatus legal, la cantidad de sus miembros, sus fines explícitos, sus presupuestos, directivas, antiguedad, etc., así como información cualitativa sobre la experiencia de sus miembros, y la opinión de las personas favorecidas por su acción. Asimismo, parece muy importante realizar estudios de casos que permitan acceder a la concreta diversidad de estas organizaciones, su realidad, proyecciones, problemas y tensiones.

Ahora bien, se puede evaluar las actividades de algunas organizaciones del Tercer Sector en Chile, desde la perspectiva de su contribución a minimizar los efectos negativos del proceso de modernización, por su aporte al desarrollo de la sociabilidad, y a la formación de sus miembros. Existen importantes organizaciones del Tercer Sector, especialmente las humanitarias, que proporcionan servicios de salud y de otro tipo a personas que no podrían acceder a ellos por la vía del mercado. Contribuyen, ciertamente, a humanizar la vida bajo un orden neoliberal, pero su acción no implica formas de innovación social, no traen a realidad o no encarnan principios sociales diferentes a los de la ética de mercado prevalente, mas allá del humanitarismo, sino que atienden "a los perdedores del mercado", y con ello confirman, sin proponérselo, este mismo orden mercantil.

Estudio de tres organizaciones de la sociedad civil

Ofreceremos ahora un breve análisis de tres pequeñas organizaciones de la sociedad civil, que actúan a nivel local. Dos de ellas son muy poco conocidas más allá de sus miembros o las personas beneficiadas por su acción, y una de ellas tuvo, durante un período, amplia cobertura de los medios. La elección de estos casos se realizó basándose en cuatro criterios: el primero es que se trata de organizaciones de la sociedad civil que se han desarrollado su actividad basadas en sus propios recursos, y con escaso apoyo del sector estatal o municipal, y en ese sentido representan, en alguna medida, a miles de organizaciones que tienen una historia semejante. El segundo, es que estas tres asociaciones tienen áreas de acción diferentes: una étnica, otra universitaria y vecinal, y la última vecinal y urbana. El tercero criterio es que estas organizaciones se han basado en la existencia de identidades culturales preexistentes y las han potenciado. El cuarto, es la la facilidad del acceso a ellas.

La pequeña comunidad mapuche-huilliche de Maicolpué.

Esta es una bella bahía en San Juan de la Costa, en el sur de Chile, cerca de Osorno. Los mapuches constituyen la principal minoría étnica del país, con un porcentaje calculado entre el 7 y 10 % de la población, aproximadamente un millón y medio de personas, y los huilliches son una rama de ellos. La referida comunidad está formada por aproximadamente cincuenta familias que se dedican a la pesca, especialmente la extracción de moluscos, y a realizar trabajos para los dueños de las cabañas de veraneo del lugar. La migración de los jóvenes es escasa, a diferencia de otras comunidades mapuches, porque hay suficiente trabajo. Esta comunidad proviene de una escisión, relativamente reciente, por conflictos de tierras, de una mayor de campesinos huilliches de la zona. Los miembros de la referida comunidad se concentraron en esta bahía donde tenían terrenos que han ido vendiendo a los "huinkas", y se convirtieron en pescadores. La comunidad posee una compleja y fuerte identidad cultural como huilliches, potenciada por el resurgimiento de las identidades étnicas en Chile, especialmente de la mapuche, y por su ligazón a otras comunidades indígenas cercanas. Pero, a la vez tienen una identidad nueva como pescadores, y como grupo en estado de pobreza, frente al Estado y los huinkas (Föerster 1996).

La integración social y cultural de la comunidad descansa en: (a) un modo de vida compartida, sin diferencias económicas y sociales significativas; (b) la tolerancia de sus miembros frente a la diversidad religiosa, puesto que la mayoría son evangélicos, pero hay algunos católicos; (c) en un imaginario compartido de creencias en seres sobrenaturales, y en ciertos mitos mediante los cuales van "elaborando" los nuevos acontecimientos y situaciones del presente, éste incluye creencias cristianas sincréticas; (d) un sentimiento de pertenencia a una etnia segregada, pero que posee su propia tradición cultural, e incluso tuvo su propia lengua, una variante del mapudung (Föerster 1998 y, Larraín y Vergara 1998).

Esta comunidad constituye una red social eficiente: por su capacidad de limitar los conflictos que se producen entre sus miembros, la cual está favorecida por la conciencia de que en el trabajo de pesca se necesitan unos a otros; por las relaciones de solidaridad que operan para apoyarse en casos de enfermedad, muerte y otros; por que es capaz de actuar en conjunto frente a las instituciones del Estado para solicitar ayuda en caso de emergencia, para lo cual explicitan sus diversas identidades culturales y sociales: de huilliches, pescadores artesanales y de sectores pobres (Föerster 1996).

La actual situación de la comunidad ha sido condicionada por los procesos de modernización. La expansión de los sectores medios de Osorno permitió que Maicolpué se convirtiera en un balneario en crecimiento; y eso significó compradores para sus terrenos, clientes para sus productos de pesca y para realizar diversos trabajos. Las modificaciones de las políticas sociales del Estado en los últimos años y su focalización en los sectores más pobres los ha favorecido, pues están clasificados como un grupo en situación de pobreza.

La existencia de un fuerte movimiento mapuche que reivindica su identidad, sus tierras ancestrales, e incluso su autonomía regional ha sido un factor importante en la potenciación de su identidad cultural. Dicho movimiento, como lo han expresado algunos de sus dirigentes e intelectuales, surge como reacción y respuesta ante los procesos de modernización y globalización que amenazan su identidad como pueblo y, según dicen ellos, están significando "un genocidio cultural".

La repuesta del Estado frente a los mapuches ha sido compleja y recuerda la del Estado mexicano que Octavio Paz denominó como "El ogro filantrópico". Desde 1990 les ha otorgado un reconocimiento restringido como etnia con su propia cultura, y ha puesto límites a la enajenación de tierras indígenas. Ha creado un subsidio anual para comprar tierras agrícolas en las zonas tradicionalmente indígenas, las cuales va entregando a las comunidades. Asimismo, ha actuado con dureza policial y judicial frente a las comunidades que han ocupado tierras que les pertenecieron y les fueron usurpadas en el pasado. También, ha creado becas educativas de distintos niveles, y subsidios especiales para los indígenas, los cuales se encuentran, habitualmente, en situaciones de extrema pobreza.

Las entrevistas con la Sra. Adela Aucapán, de más de 65 años, que tiene un gran ascendiente sobre la comunidad huilliche de Maicolpué, muestra que las mayores amenazas que ella percibe radican en la aculturación negativa de la escuela pública que hace madurar a los niños y los conduce a una actividad sexual prematura, así como en la enseñanza de las matemáticas y otras materias que los desarrolla intelectualmente, a su parecer de modo excesivo. También, ve de modo negativo la influencia de los medios comunicativos, especialmente la radio, que dirigida por "sabios" difunde impersonalmente saberes prácticos valiosos, que antes eran privilegios de los ancianos del grupo (Larraín y Vergara 1998).

Más allá del desafío que significa para una comunidad indígena el mantener su cultura en un contexto de acelerados procesos de modernización globalizante, hay otras situaciones que podrían debilitar la comunidad y su cohesión: si aumentaran considerablemente los jóvenes que emigraran para estudiar y se quedaran a vivir en las ciudades; la disminución de la pesca artesanal por la presión de las industrias pesqueras cuyos barcos están invadiendo las zonas reservadas a los pescadores artesanales en el Sur; y la disminución de los "locos", un molusco de alto precio, que están extrayendo en una cantidad que excede su reproducción natural. Asimismo, la posible mantención y profundización del movimiento mapuche, y una incorporación más activa en éste de parte de esta pequeña comunidad huilliche, podría crear tensiones en sus relaciones con los organismos del Estado y con los huincas.

El movimiento vecinal de la zona de Providencia del barrio Bellavista.

Este es el segundo caso que analizaremos. Esta zona está situada muy cerca del centro histórico de Santiago, la capital de Chile. Este barrio tiene una base territorial particular, pues se encuentra delimitado por el Cerro San Cristobal, hito geográfico de la ciudad, y el río Mapocho, comunicándose al resto de la ciudad por puentes y la avenida costanera en su ribera norte. Posee por ello un alto grado de especificidad geográfica, y una identidad histórica muy especial, pues se formó desde comienzos del siglo veinte, en terrenos vendidos por conventos y comunidades religiosas, para edificar conjuntos de viviendas siendo la más antigua, la Población León XIII destinada a obreros y empleados católicos. Esta fue una obra filantrópica de una fundación del mismo nombre, presidida por Melchor Concha y Toro, dueño de una de las más importantes viñas del pais.

En esta zona se crearon, asimismo, a fines del siglo XIX, viviendas para viudas de soldados muertos en la guerra de 1979 con Perú y Bolivia; hogares de la Iglesia Católica para señoras ancianas de instituciones humanitarias; así como una Sociedad de Socorros Mutuos formadas por obreros y artesanos. Posteriormente, a mediados del siglo XX, se siguieron parcelando amplios terrenos y surgieron áreas residenciales para familias de clase media, con el apoyo del Estado. En esa misma época se construyeron edificios de departamentos para clase media acomodada en la avenida situada a la orilla del río Mapocho. Por todo ello, en el barrio hay muchos residentes de variada situacion social y económica, como también personas que llegaron a vivir hace muchos años; actualmente es posible encontrar vecinos de tercera y cuarta generación.

Hasta los años ochenta, Bellavista fue un apacible barrio donde predominaban las viviendas continuas, y que asemejaba a una ciudad campesina. Durante el siglo XX había llegado a ser una zona de artistas. Allí vivió el poeta Pablo Neruda, el pintor Camilo Mori, el músico Mario Baeza y otros; y existen muchos talleres de arquitectos y pintores, además de galerías de arte. Todo esto hace del barrio una zona multitransversal en lo político, social y económico, donde existe un alto grado de identificación de las personas con su barrio, el cerro San Cristóbal y el río. Bajo su apariencia modesta, había y aún hay una habitabilidad amable y una buena calidad de vida, al menos en la zona este de la calle Pío Nono, principal eje de acceso al Cerro San Cristóbal.

Esta situación se modificó bruscamente a comienzos de los ochenta con el crecimiento económico y la modernización urbana regida por criterios mercantiles. El barrio Bellavista dejó de ser una zona periférica, donde no había inversión, ni tampoco atención de las municipalidades. De una parte, en la zona oeste del barrio empezaron a instalarse restaurantes, fuentes de soda y discotheques. De otra, la zona este, pasó a formar parte de la Comuna de Providencia, cuya municipalidad es una de las más ricas del país. Esta se encontraba en plena modernización urbana neoliberal con un importante crecimiento del comercio. Dicha municipalidad diseñó un nuevo plano regulador, el cual amenazaba la identidad urbana del Barrio Bellavista y su notable calidad de vida.

Dicho plan comprendía la apertura y creación de nuevas calles para facilitar el acceso desde el sector oriente y de los automóviles, la mayoría proveniente de esos sectores, los de mayor ingreso de la ciudad. Asimismo, se había proyectado una autopista a la orilla del cerro lo que traería una irrupción del flujo vehicular hacia la parte más apacible del barrio. Estas modificaciones significaban que los pasajes peatonales, quedaban abiertos al flujo de los automóviles, con la consiguiente contaminación acústica e inseguridad social. Con ello, los niños perdían sus espacios protegidos de juego, y los vecinos su posibilidad de transitar tranquilamente. Para realizar esto se pretendía expropiar muchas casas. El nuevo plan regulador buscaba, asimismo, aumentar el uso comercial del suelo, pues el barrio es una zona mixta.

En el Barrio Bellavista viven muchas personas de orientación política de centro y de izquierda, muchos artistas, arquitectos y profesionales que han elegido vivir allí, porque aprecian su modo apacible de vida y la sociabilidad que en él existe, su localización cercana al centro, así como su relativo aislamiento. A esas personas no les interesaba que se facilitara el desplazamiento de los automóviles, porque el barrio está a menos de diez minutos del centro. El momento político y social era favorable a la resistencia de los vecinos, puesto que esto sucedía en 1985, dos años después que se iniciaran las "protestas" que mostraron el agotamiento político de la dictadura, la cual ya había perdido el apoyo de la mayoría de la población.

Se creó una Asociación de Residentes, en la cual se congregaron vecinos con conciencia urbana y que querían mucho su barrio, incluso algunos de ellos apoyaban el régimen militar, y otros, la mayoría era de oposición. El nuevo movimiento vecinal fue transversal política y socialmente, ya que reunió profesionales exitosos, sectores medios de empleados e incluso vecinos de bajos ingresos. Frente al cuestionamiento de la Asociación, la Alcaldesa de Providencia reaccionó destempladamente acusando a los vecinos de "comunistas". Sin embargo, la Asociación mantuvo su actividad con gran constancia; reunió firmas, organizó foros con especialistas en urbanismo y directivos municipales, y reuniones de los vecinos con las autoridades municipales. Así es que logró inducir a la Municipalidad a modificar el plano regulador, y a minimizar las intervenciones negativas que contenía.

La Asociación siguió trabajando para organizar los vecinos y solicitó a la Municipalidad que limitara el número de patentes de restorantes, y botillerías, que controlara la emisión de ruidos de las discotheques, etc., con un algún éxito. Toda esta actividad se hacía independientemente de la Junta de Vecinos y con su hostilidad, pues ésta era nombrada por la Municipalidad, y estaba formada por vecinos de confianza del régimen. Posteriormente, cuando se produjo el retorno a la democracia y hubo la posibilidad de llamar a elecciones para la directiva de la Junta de Vecinos, fue elegida la arquitecto María Inés Arribas, en 1993, quien había sido la fundadora y principal dirigente de la Asociación de Residentes. Fue reelegida en 1996. Esos cinco años fueron de mucha actividad, de frustraciones y de algunos importantes logros.

Para evaluar estos resultados es importante considerar que la legislación actual concibe las juntas de vecinos más que como un organismo representativo de los vecinos con algún grado de poder, más bien como una correa de trasmisión desde la municipalidad a los residentes, y de hecho no les otorga ninguna atribución real significativa. De este modo, como sucedió en diversas ocasiones, la Junta de Vecinos Nº 13 hizo diversas peticiones a la Municipalidad, que seguía dirigida por la misma Alcaldesa designada por el régimen militar, las que expresaban demandas muy sentidas por la (gran) mayoría de los residentes. Sin embargo, la Municipalidad las acogió de manera muy limitada, o simplemente en otras ocasiones las rechazó.

Dentro de este contexto restrictivo, durante el período 1993 a 1998, la Junta de Vecinos consiguió que la referida Municipalidad le otorgara un pequeño subsidio anual para arrendar una oficina y pagar magramente a una vecina como secretaria de medio tiempo. Se logró que se reconociera el carácter predominantemente residencial de la zona este de Bellavista, y de este modo las patentes de negocios u oficinas se limitan a algunas calles y no han invadido todo el barrio. Esta reorientación de prioridades del uso del suelo urbano del sector fue lograda por la presión de la comunidad residente sobre las decisiones de los técnicos municipales. La gestión urbana municipal ha otorgado escasa consideración a la participación de las comunidades locales.

Asimismo, María Inés Arribas hizo una fundamentada presentación al Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Educación, con las firmas de la mayoría de los vecinos de cuatro calles de la antigua Población León XIII, solicitándoles que se les otorgara el carácter de "zona típica", y se declarara monumento nacional la Capilla de la Epifanía, ubicada en calle Bellavista. Esta petición no sólo fue acogida favorablemente, sino que ese año se concedió a los vecinos de dicha población un "Premio nacional de conservación de los monumentos nacionales", por el referido Concejo. Más aún, la entonces Presidenta y dos de los miembros de la Directiva de la Junta de Vecinos obtuvieron una mención de honor en el concurso latinoamericano sobre "Apropiación Social del Patrimonio Cultural y Natural para el Desarrollo Comunitario", con un ensayo sobre "el rescate del patrimonio social, ecológico y cultural del Barrio Bellavista", organizado por el Convenio Andrés Bello, organismo intergubernamental de siete países, con sede en Bogotá (Arribas et alii 1999).

En el tema de seguridad ciudadana, la Junta de Vecinos realizó una importante campaña para lograr que mejorara la vigilancia de Carabineros y de la Municipalidad para disminuir el alto nivel de delitos, especialmente los robos con secuestro a mujeres, que estaban asolando el barrio. Otro importante papel fue el de organizar con otras juntas de vecinos de otras comunas y asociaciones de residentes, el cuestionamiento público destinado a impedir que se realizara el Proyecto de la Costanera Norte, tratando de que fuera sustituído por otros más racionales, desde el punto de vista urbanístico y ecológico.

Este proyecto consiste en la construcción de una autopista subterránea de alta velocidad que comienza en el sector oriente y que conducirá al aeropuerto y a la Ciudad Empresarial. El mayor efecto negativo para el barrio será el de la alta contaminación de gases de plomo provenientes de los tubos de respiración del túnel. Este proyecto fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, y entregado a concesión de un conjunto de tres empresas privadas la principal de las cuales es Impregilo, una empresa italiana que ha sido demandada en Estados Unidos por incumplimiento de contrato, y cuestionada en Sudafrica, por corrupción de funcionarios públicos. Se estableció el considerable subsidio estatal de más de cien millones de dólares, para interesar a las empresas privadas en la licitación, puesto que las modificaciones que introdujo el Ministerio de Obras Públicas, respondiendo a las múltiples críticas de las organizaciones vecinales, urbanistas, algunas municipalidades y ecologistas, encarecieron el proyecto.

La Junta de Vecinos, especialmente su presidenta en ese período, tuvo un importante papel en el debate público que se generó sobre la Costanera Norte, y por ello le hicieron diversas entrevistas en diarios, radios e incluso televisión. Gracias a la acción de las organizaciones vecinales de distintas comunas y la difusión otorgada por los medios de comunicación el tema fue convertido por un período en un tema de interés nacional. Fue tal el impacto que el Ministerio de Obras Públicas encargó confidencialmente a la consultora Times, una de las mejores y más onerosas empresas de este tipo, la realización de un estudio de opinión sobre el tema, basado en la técnica del Focus Group. Aún hoy día el Presidente Lagos lamenta que los partidos políticos se hubieran desentendido de este tema: "los partidos (políticos) no interpretan demandas de grupos de opinión y la sociedad se expresa de manera distinta. Hay grupos que dicen la Costanera no, o Ralco no, o Ralco sí" (Lagos 2000: 2).

Finalmente, es necesario señalar que desde la dinámicas y experiencias de trabajo que se generaron en la Junta de Vecinos Nº 13, y en la asociación de organizaciones vecinales que cuestionó el proyecto de la Costanera Norte, se constituyó una nueva asociación: "Ciudad viva", coordinado por la escritora y periodista Lake Sagaris, actual directiva de la referida Junta de Vecinos, la cual no sólo ha continuado cuestionando argumentadamente el proyecto de la Costanera Norte, sino que se preocupa de temas relevantes del desarrollo urbano y del transporte público de Santiago.

El Centro Yungay de la Universidad Bolivariana.

Es el último caso que se expondrá. Esta pequeña universidad privada está dirigida por un conjunto de cientistas sociales provenientes, en su mayoría, de organizaciones no gubernamentales. Sus investigadores han realizado un aportes significativo en la elaboración de un pensamiento alternativo en los temas de desarrollo sustentable, de economía popular, de derecho alternativo, democracia participativa, psicología, estudios de género, universidad, etcétera.

Esta universidad ha generado y asumido como uno de los ejes de su acción el proyecto educativo de "una universidad extendida": "nuestra universidad ha estado desarrollando la búsqueda para dar cuenta de (diversos) problemas (...). Es así como durante muchos años se llevaron a cabo experiencias de realización de casos, que apuntaban a generar un espacio de reflexión hacia situaciónes concretas y específicas en torno a las cuales, los alumnos llevaban a cabo la producción de un trabajo colectivo" (Elizalde 1999: 5). Asimismo, la universidad, con apoyo económico externo, realizó un estudio sobre el antiguo barrio Yungay, en el cual ha elegido instalarse, desde hace ya varios años.

La universidad creó en 1996 este Centro. Su objetivo principal es el de constituirse en un espacio de articulación entre la universidad y la comunidad local, mediante la prestación de servicios: jurídicos, psicológicos, culturales y comunicacionales. A la vez, éste es un espacio innovador de formación para sus estudiantes. Es así que tiene un Centro de Atención Psicológica (Caps) y una Clínica Jurídica. Ambos "han permitido consolidar una experiencia de desarrollo de prácticas por parte de los alumnos de derecho y psicología, que ha demostrado ser un excelente instrumento para materializar una formación profesional que provea a los alumnos de conocimientos tácitos" (Elizalde, ibid).

El Centro Jurídico busca reconocer la conflictividad jurídica que se produce entre los vecinos, y en la relación de éstos con los organismos del Estado y otros particulares. Por ejemplo, asesora a los vecinos de una antigua vivienda popular, "conventillo", que tiene orden de demolición de la Municipalidad. A su vez, equipos de alumnos de derecho contribuyen a que se procese juridícamente un conjunto de conflictos de las escuelas y liceos del barrio, y de otras comunas, en los temas de droga, violencia intrafamiliar y otros (Saavedra 2000). Por su parte, el Centro de Atención Psicológica presta servicios a los vecinos en las áreas de psicología infantojuvenil, de adultos, adultos mayores y en psicología comunitaria, estableciendo una red de relaciones. Asimismo, hay un nuevo proyecto para ampliar sus servicios como consultores a instituciones y municipalidades (Ibid).

En el ámbito cultural, el Centro posee una biblioteca de más de mil títulos que fueron adquiridos mediante un fondo concursable del Consejo Nacional del Libro, y que está abierta a la comunidad del barrio. Estaba orientado al público infantil y juvenil, y ahora se extenderá el público de tercera edad, tanto en el hogar, como de atención de lectura personalizada de ancianos postrados, en sus domicilios. Asimismo, el Centro organiza escuelas de temporada sobre temas de derechos humanos y otro; en una de sus Escuelas de Verano el tema fue reconocer y potenciar las prácticas culturales del barrio con sus niños, y de los jóvenes con sus actividades teatrales. Se cerró una calle para realizar diversas actividades y se efectuó un taller de gestión cultural local. La última Escuela de Invierno tuvo como tema central el del encuentro intergeneracional. Una de sus actividades fue la de reunir, en torno a la literatura, jóvenes de los colegios del barrio con adultos, en los colegios, y estos encuentros fueron filmados. Su organización fue encargado al antropólogo Cristián Matus que trabaja en el Centro (Saavedra ibid). El área de comunicación aún no tiene financiamiento y trabaja con alumnos voluntarios de periodismo de la universidad. Producirá un boletín barrial llamada "Bello Barrio", en el cual se busca recoger las preocupaciones e inquietudes, especialmente, de los jóvenes.

El Centro Cultural Asociado está relacionado con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santiago, con el grupo que administra el Teatro Novedades y con el Comité de Adelanto del Barrio Yungay. Busca contribuir a la activación artístico-cultural del barrio, a potenciar su identidad como barrio cultural, lo cual implica un proceso autoreflexivo de sus miembros sobre el tema. Se busca conocer dichas dinámicas, procesarlas y devolverlas a los residentes. La idea es llevar o vivir la cultura en la calle. Se generó, también, una mesa cultural con 10 o 12 organizaciones; éste realizó encuentros callejeros con música, plástica, bailes para los adultos mayores, etc.

En su fase actual, el financiamiento de este Centro depende completamente de la universidad, puesto que se han presentado proyectos que no han sido aprobados por la Municipalidad de Santiago y otras instituciones, pero se están preparando otros. En él trabajan catorce personas: un Director de media jornada, Coordinadores de Programas para el Servicio Jurídico y Psicológico, también de media jornada, supervisores del servicio psicológico y jurídico, una bibliotecaria y otros profesionales.

Reflexiones sobre los casos estudiados.

Este ensayo provisorio y exploratorio, finaliza con una breve reflexión sobre los tres casos presentados. Estos muestran la capacidad de autoorganización de ciertos sectores, grupo y etnias de la sociedad civil chilena, en circunstancias difíciles, o incluso hostiles, para defender y potenciar bienes básicos y necesidades ligadas a la calidad de vida: la identidad cultural, la identidad vecinal, la convivencia en espacios locales y realización de un proyecto universitario innovador para formar "profesionales para el cambio".

En los tres casos el alto grado de autonomía de las dos organizaciones y la comunidad huilliche ha sido una condición necesaria de su creatividad, dinamismo y capacidad de adaptarse a las nuevas y cambiantes condiciones del medio en que están. Su forma de organización, las orientaciones de su acción han sido decididos por el propio grupo, con un grado importante de participación de sus miembros.

Las asociaciones examinadas, en mayor o menor medida, han tenido como un factor clave de su cohesión interna la existencia de identidades culturales de larga data. Se diría que han podido organizarse y desarrollarse, en condiciones difíciles o adversas, por la existencia de la sinergia y el capital social que implica que sus miembros se sienten partícipes de un referente identitario muy concreto, una identidad cultural basadas en interacciones cara a cara, en el sentimiento de compartir orígenes, modos de vida, valoraciones y códigos interpretativos. En este caso, sus "juegos de lenguaje", no provienen sólo de acuerdos explícitos, sino que provienen de "el mundo de la vida" compartido.

El análisis muestra, a la vez, la relativa precariedad de asociaciaciones, como las descritas, puesto que su nivel de actividad, la calidad de ella, e incluso su existencia, dependen, en gran medida, de la dedicación de algunas personas voluntarios o que trabajan con recursos muy limitados. La ausencia de apoyo de los otros dos grandes sectores de la sociedad: el Estado y las empresas, de una parte, les permite mantener su autonomía y creatividad; de otra, los deja en situación de indefensión frente a situaciones contingentes. De esta manera, la continuidad de su acción depende en importante medida que se reúnan, o mantengan un conjunto de condiciones favorables. Esto es preocupante porque este tipo de asociaciones que realizan a nivel local un importante aporte a la sociabilidad, y al proceso real de ciudadanización, corren el riesgo de no poder mantener la calidad de su actividad, o incluso de desaparecer, como ha sucedido con otras asociaciones similares.

El examen de estas dos organizaciones y de la comunidad huilliche ha mostrado que su historia ha estado indisolublemente ligada a los procesos de modernización de la sociedad chilena. Sin embargo, sería un error considerarlos como meras reacciones frente a los efectos negativos de dicha modernización; o bien, como diría un weberiano, como espacios contraculturales marginales, de refugio subjetivo, frente al desarrollo ineluctable de los procesos de modernización, como insinúa la crítica de Giddens a la propuesta de Habermas de estimular la creación de grupos autoorganizados (Weber 1909 y Giddens 1985). Tampoco parece adecuado interpretar su acción social como resistencias locales (de los cuerpos) ante las estrategias de disciplinamiento sectoriales, que constituirían los procesos de modernización, como podría pensar un foucaultiano.

En este caso, como en otros -pero no en todas las organizaciones de la sociedad civil chilena-, la acción de esta comunidad y de estas organizaciones ha confirmado la hipótesis de que cada una de ellas ha elaborado dentro de su colectivo, con distintos grados de autoreflexividad, estrategias para minimizar las tendencias "centrífugas" hacia la atomización, el aislamiento, el conformismo o la aceptación de la impotencia que conllevan estos procesos de modernización neoliberal, según lo muestran los estudios del Pnud (1998 y 2000).

En este sentido, en el interior del colectivo y en su acción social muestran la presencia en la sociedad chilena de principios valóricos y de criterios de acción distintos a la ferrea lógica del mercado, y en general a la lógica funcional del dinero y del poder, característicos la ética individualista de la modernización neoliberal. Estos son la competencia de todos contra todos, la eficiencia, la exclusión de la mayoría y la desubjetivización. Como lo han señalado diversos autores, las organizaciones del Tercer Sector, al menos algunas de ellas, especialmente las autoorganizadas, incorporan a su organización y su práctica valores y principios distintos y de carácter antropocéntrico: la solidaridad, la confianza, la cooperación, la inclusión, la ayuda mutua y otros (Vergara 1999 b). Estos son principios universales, opuestos al particularismo. Tal como se ha dicho de los movimientos sociales, en estas organizaciones de la sociedad civil hay una importante motivación ética.

Más aún, podemos decir que su acción se ha orientado predominantemente, y de modo espontáneo por lo que Hinkelammert llama una "ética del bien común": "la relación mercantil al totalizarse hoy, produce distorsiones de la vida humana y de la naturaleza que amenazan a esta vida. Esta amenaza la experimentamos. Experimentamos el hecho de que el ser humano es un ser con necesidades que van más allá de simples propensiones a consumir. (...) La ética del bien común surge como consecuencia de esta experiencia de los afectados por las distorsiones que el mercado produce en la vida humana y en la naturaleza. (...) La misma experiencia de la distorsión hace aparecer el concepto de bien común, en cuanto se hace presente como resistencia" (Hinkelammert 1997). Para este autor, a diferencia de las concepciones teóricas pesimistas de Weber y Foucault, la resistencia es creativa; no es la mera negación de dichas distorsiones, sino que en una especie de dialéctica social, explicita y trae a realidad un principio ético universal, con carácter proyectivo: todos merecen vivir, sin exclusión, ni subordinación; y tiende a institucionalizar dichos valores en una comunidad y organización.

Puede decirse, en síntesis, que este tipo de organizaciones y comunidades de la sociedad civil, realizan en la sociedad chilena, en alguna medida, en pequeña escala, a nivel local, y con tensiones internas y con su medio, principios normativos universales que dan sentido a la sociedad moderna: autonomía, autorealización y autogobierno. Estos principios que declara querer realizar constituyen sus principales fuentes de legitimación. También podría decirse que estas asociaciones representan una búsqueda de comunidad en la sociedad chilena, un intento de superar su entropía negativa de fragmentación y de atomización social (Lechner 1992).

Por ello, que la existencia de estas formas de asociatividad y su acción no podría ser interpretada, como lo haría un neoliberal, como meros resabios de formas sociales arcaicas, puesto que están basadas en la solidaridad y en el propósito conciente de realizar un bien, sin esperar que este se realice espontáneamente por el automatismo del mercado (Hayek 1962). Tampoco podría decirse que constituyan pequeños obstáculos a la implantación ilimitada de la lógica de mercado en dicha sociedad, y que deban ser removidos, como lo afirmarían también un neoliberal.

Más bien constituyen un germen de renovación y innovación social, un motivo de esperanza en una sociedad de mercado en "que los chilenos están altamente contaminados, respiran la peor polución anímica, esa que impregna hasta la última neurona de escepticismo, desconfianza, desencanto, frustración, desamparo" (Astorga 2000: D 26). Finalmente, convendría recordar la tesis del historiador Karl Polanyi. Las sociedades de mercado están "siendo destruídas por la acción ciega de instituciones sin alma, cuyo único propósito era ( y es) el incremento del bienestar material" (Polanyi 1944: 219). Consiguientemente, podríamos decir que una sociedad que no fortalece su Tercer Sector y su Estado para limitar y regular la lógica del mercado, se autodestruye y arrasa con su medioambiente

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